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Lluvia de juicios y amparos impide que gasolineras sean verificadas

Las empresas que despachan combustible han interpuesto más de 200 procedimientos para evitar que las inspeccionen, según datos de la Secretaría de Economía obtenidos mediante una solicitud de información. ¿Qué esconden las gasolineras?

Por Patricia Tapia
10 oct 2019

Ilustración: Alex DelaCroix.

Una lluvia de demandas interpuestas por las gasolineras está frenando que sean verificadas. Para evadir el cumplimiento de las normas mexicanas que regulan técnicamente los sistemas de despacho de combustibles, tanto en la parte física como del software, muchos dueños acuden a juicios contenciosos administrativos y de amparo, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se ve impedida a realizar su labor de inspección.


 

Datos de la Secretaría de Economía obtenidos por EMEEQUIS a través de una solicitud de información, indican que hasta agosto se han promovido 208 juicios, de los cuales 145 son contra infraestructura (NOM-005-SCFl-2017) y 63 para software (NOM-185-SCFl-2077).

 

Además, hay empresas que han iniciado juicios contra ambas normas; se tiene el registro de 12 procedimientos administrativos.

 

NOMBRES, INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

 

En esa misma solicitud de información, este medio digital también requirió las razones sociales de las empresas que se han amparado y que han emprendido juicios en contra de las normas antes mencionadas. La dependencia, que dirige Graciela Márquez Colín, indicó que dicha información se clasifica como reservada, ya que puede causar “daños”, tanto para quienes promueven los juicios como para el seguimiento que realiza la propia Secretaría. 

 

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Como lo dipone la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la Secretaría de Economía fundamentó las causales de la reserva. Refirió que la información contenida en los expedientes supera el interés público general. Para la negativa se expusieron los siguientes motivos: 

 

Daño presente: De entregar la información en las diversas etapas procesales en que se encuentran los juicios contenciosos administrativos y de amparo, se perjudicaría la capacidad de preparación del caso y postura de la defensa de la Secretaría de Economía frente a las partes involucradas.

 

Daño probable: Si se da a conocer la razón social de las empresas que se han amparado contra ambas normas, así como de las que han promovido juicios contenciosos administrativos, se proporcionarían elementos de manera anticipada con los que las otras partes ejecutarían acciones en contra de la Secretaría de Economía. 

 

Daño específico: Los intereses de la Secretaría de Economía se verían afectados por las demandas de los particulares, que pudieran generar perjuicios adicionales, así como afectar sectores económicos que son materia y temas en controversia.

 

“La reserva pretende evitar que la divulgación de la información contenida en los expedientes pueda afectar la imparcialidad del juzgador. Estrechamente con este interés está el de conservar el equilibrio procesal entre las partes”, puntualizó.

 

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Como se consignó en un reportaje de EMEEQUIS, “La rebelión de las gasolineras fraudulentas” (3 de octubre), los expendios que venden litros de menos intentan todo tipo de artimañas para evitar la revisión de sus bombas. Hay veces que prefieren pagar multas con tal de que no descubran sus métodos para cometer fraude. 

 

Uno de ellos es el llamado “rastrillo”, un software que se incrusta en el mecanismo del dispensario y que muchas veces la misma empresa que vende las bombas está involucrada, pues se tiene que modificar desde dentro.


¿QUÉ QUIEREN ESCONDER? 


En la conferencia matutina del 29 de julio, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, informó que para la NOM-005 había 66 juicios contenciosos, y en la información que proporciona la Secretaría de Economía para el cierre de agosto ya eran 145, es decir que éstos crecieron 120% en un mes.

 

Una semana antes de esa declaración, señaló que lo que más ha causado ruido últimamente entre los propietarios de las estaciones de servicio es la NOM-185, porque le permite a la institución revisar todo el sistema informático de las bombas. El hecho de que estén promoviendo juicios y que se amparen deja ver que algo quieren esconder, añadió.

 

Aunque en ese entonces, Sheffield Padilla dijo que podría dar a conocer el nombre de las empresas que hacen uso de estos juicios y los amparos, es un hecho que se contrapone a la respuesta dada por la Secretaría de Economía, según su explicación para reservarse dichos datos mediante una solicitud de información de EMEEQUIS.

 

@ptcervantes

 

 

 

 


 

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