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EMEEQUIS.– La Oficina de la Presidencia mantiene sin publicar contratos que amparan gastos realizados en AMLOfest 2021. Se expuso el caso ante el INAI y los detalles siguen sin entregarse.
Se trata concretamente de un contrato de más de 5 millones de pesos, el cual rechazan entregarlo con el argumento de que decirlo “pondría en riesgo la integridad física” del adjudicado o de sus trabajadores.
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Asimismo, expresan que por tratarse de un evento relacionado con el presidente de la República, se podría “comprometer la seguridad nacional”.
“Si hay transparencia, hay más garantías de honestidad, el que la vida pública sea más pública”, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del 11 de febrero de este año, poco antes de exhibir los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, resultado de una información que “le había pasado el pueblo”.
Minutos antes, en la misma conferencia, había asegurado cuando se le cuestionó el nombramiento de Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona que no podía “hacer a un lado a nadie sólo por denuncias públicas”.
Estas acciones de divulgar ilegalmente informes de particulares que no están obligados a proporcionar datos sobre sus ingresos, contrastan con el interés de mantener oculta la información de los gastos que su oficina maneja, especialmente con la erogaciones millonarias por el evento del AMLOfest que se celebró el pasado 1 de diciembre.
El INAI considera FUNDADA la denuncia por la falta de transparencia.
SÓLO DIERON LA CANTIDAD
Con fecha 21 de enero de 2022 y a solicitud expresa, la Oficina de la Presidencia de la República informó mediante el folio 331000121000431 que durante los eventos del 1 de diciembre de 2021, para el popularmente denominado “AMLOfest”, se contrató el “Servicio Integral para la organización del evento denominado: Mensaje a la nación 3 años de Gobierno 2018-2021” por parte de la presidencia de la República, por la que erogó la cantidad de 5 millones 318 mil 32 pesos, sin embargo, en su respuesta no informa de a quién o quienes contrató para dicho evento.
El 10 de marzo de este año, el INAI abrió el expediente DIT 0264/2022 por INCUMPLIMIENTO de las obligaciones de transparencia por parte de la Oficina de la Presidencia de la República, ya que, de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 70 fracción 28, se tiene la obligación de publicar, por lo menos, 11 puntos de cada adquisición que se realice por licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. Estos puntos contienen, además de los contratos, el nombre del proveedor y las razones por las cuales se le adjudica el contrato.
Sólo viene la cantidad del contrato.
A pesar de que en reiteradas ocasiones el presidente ha manifestado “a mí me cuida el pueblo” y con esta consigna el 2 de mayo de 2019 el Senado votó para la desaparición del Estado Mayor Presidencial, la Oficina de la Presidencia, mediante el oficio UAF/DGRMSG/SAI/l04/2022 del 22 de marzo, respondió al INAI, que no podía proporcionar la información de a quién había contratado para el AMLOfest porque “participa el Titular del Ejecutivo Federal y su entorno más cercano, lo cual de divulgarse también podría poner en riesgo su integridad y por ende, comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional, toda vez que en él recae tanto el comando supremo de las fuerzas armadas, como el del Consejo de Seguridad Nacional”.
Además también añade que “por la naturaleza del servicio contratado, se proporciona diversa información de la logística del evento, en el que participa el Titular del Ejecutivo Federal y su entorno más cercano, lo cual de divulgarse también podría poner en riesgo su integridad” .
También en ese mismo oficio, y como argumento para no informar de a quien le adjudicó más de 5 millones de pesos de manera directa, trata de justificar la omisión exponiendo que el contrato “contiene información sensible relacionada con los datos de identificación del proveedor del servicio, así como de su representante legal y la documentación legal inherente a la contratación respectiva de los mismos, lo cual puede poner en riesgo a dicha persona o a alguno de sus trabajadores”.
De acuerdo con el análisis del INAI, la Oficina de la Presidencia no pudo demostrar que esta supuesta clasificación de la información con la intención de reservarla, se hubiera hecho conforme a lo que los procedimientos respectivos obligan, es decir, que el Comité de Transparencia hubiera validado que la reserva de la información cumple con lo dispuesto en la propia ley para estas excepciones.
El Instituto señala que, para que pueda considerarse válida la argumentación que la Presidencia expone, tendría que justificarse que efectivamente la integridad física del presidente o del proveedor pudiera estar en riesgo, aunque debido a que ya es un acto pasado y ya las condiciones que pudieran significar riesgo ya cambiaron, la Presidencia debe hacer un análisis minucioso para poder justificar su negativa a informar.
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En 2021 EMEEQUIS puso al descubierto una red de empresas fantasma que operan desde la misma presidencia de la República, para la organización de los eventos que realiza el Presidente López Obrador, como lo fueron sus “informes”, algunos aniversarios luctuosos y las ceremonias de Grito de Independencia. De acuerdo con la información obtenida en el registro público de la propiedad, los domicilios reportados por estas empresas pertenecían a la misma persona, según el padrón de proveedores del gobierno de la Ciudad de México, también tenían el mismo teléfono e incluso utilizaban el mismo correo electrónico.
Las adjudicaciones directas a estas empresas, Yazmín Bolaños López y Kit Wear de México rebasaron los 37 millones de pesos entre 2018 y 2020, incluso del gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum y del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. En ambos casos condujeron a un servidor público de bajo rango de la alcaldía Cuauhtémoc, Héctor Flores Marín, a quien la jefa de Gobierno se comprometió a investigar, sin resultados a la fecha.
Presidencia se ampara en el argumento de la “seguridad nacional”.
Desde su ascenso a la Presidencia, las quejas por información incompleta o inexistente ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública se han disparado en casi un 4 mil por ciento, al pasar de poco más de 7 mil en los primeros tres años de Peña Nieto, a más de 54 mil en el mismo periodo de López Obrador, según la información de la plataforma del INAI.
Con base en la misma información, se destaca que las consultas ciudadanas que se convirtieron en queja en el último año de Felipe Calderón fue del 0.27%, con Peña Nieto esta cifra se elevó hasta el 2.99% en 2018, sin embargo, en esta administración, al cierre de 2021 el porcentaje de quejas en relación a solicitudes de información fue del 7.69%.
@salamillab
