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La extinción de fideicomisos es una señal de “desesperación” del gobierno

Ante la contracción económica por el COVID-19, aunado al desplome del petróleo, el gobierno trata de apropiarse de estos recursos para tapar un hoyo en las finanzas. “No tiene dinero y lo quiere usar para cubrir su faltante”. Expertos opinan sobre este polémico decreto de AMLO.

Por Patricia Tapia
4 abr 2020

coronavirus y fideicomisos
Los recursos los deberá tener Hacienda a más tardar el 15 de abril. En la imagen, Arturo Herrera, titular de la dependencia, con AMLO. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.com

EMEEQUIS.– El decreto de la extinción de fideicomisos sin estructura orgánica de carácter federal que emitió este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador deja grandes interrogantes:

¿Cuáles fideicomisos serán? ¿Cuánto dinero se la va a transferir a la Secretaría de Hacienda?. Y ¿a qué rubros se van a destinar esos recursos? Esto es importante para conocer las implicaciones, coinciden expertos consultados por EMEEQUIS, quienes además ven esto como una señal de “desesperación” por ver de dónde se saca dinero.

Hay que hacer una precisión sobre esto, dice María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. “Si tomamos el Presupuesto de Egresos de la Federación y revisamos todo lo que empieza fideicomisos, esos no son”. 

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Refiere que solamente son aquellos públicos que operan dentro de las secretarías o instituciones, que no tienen propiamente empleados, director general. “Eso reduce el universo”.

El viernes, López Obrador dijo que sólo de fideicomisos y fondos pudieran estar reuniendo en total 250 mil millones de pesos.

En su último informe trimestral que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió al Congreso de la Unión, indica que hay 338 fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos públicos y análogos, que en total representan 740.5 mil millones de pesos.

Es decir, que del monto total de estos se está considerando recuperar alrededor de 35%, que irá a la Tesorería de Hacienda que encabeza Arturo Herrera.

De acuerdo con la información de la SCHP, 52% de los 740.5 mil millones de pesos se concentra en 25 fideicomisos, mandatos públicos y análogos, que corresponden a apoyos financieros y de estabilización presupuestaria, 16.4% en infraestructura pública y 13.5% en pensiones y prestaciones laborales.

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El artículo 5 del decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) señala que quedan excluidos aquellos fideicomisos públicos cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.

Se tiene como mayor proporción susceptible a extinción aquellos dedicados a la infraestructura pública federal, que suman un monto de 121 mil millones de pesos y en los que todavía aparece el Fideicomiso para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que tiene 27.6 mil millones de pesos, proyecto que fue cancelado por AMLO cuando asumió el poder.

Aunque en septiembre del año pasado, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, declaró que los recursos de este fideicomiso se utilizarían para el Aeropuerto de Santa Lucía.

LA UTILIDAD PARA OBRA PÚBLICA

Marván Laborde, quien además fue comisionada presidenta fundadora del IFAI, ahora INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información), donde siempre se ha exigido la transparencia de los fideicomisos, pues la operación siempre ha sido opaca, reconoce que de principio no todos son malos, ni corruptos y son de utilidad, como el caso de la obra pública.

“La administración pública exige que el presupuesto sea anual. Sin embargo, hay muchos proyectos que por naturaleza no se pueden acabar en un año. Ejemplo clarísimo: los aeropuertos, una carretera. O sea, todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura”.

Por su parte, Justine Dupuy, coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, confirma que una gran parte de los recursos se encuentran en infraestructura, sin embargo, es apresurado decir las afectaciones reales de la extinción, pues se tiene que revisar uno por uno. Lo mismo dice Marván Laborde: “no podemos opinar hasta que tengamos la lista”.

Otros de los fideicomisos en infraestructura pública que resaltan por cantidad de dinero que tienen es el de Fideicomisos para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera, el de 1936 Fondo Nacional de Infraestructura, e-México y el 1928 para apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México.

LAS TRES LECTURAS

Carlos Ramírez, socio consultor de Integralia, indica que tiene tres puntos de vista sobre este decreto de extinción. El primero es jurídico, pues esto tendrá que pasar primero la prueba de la legalidad. Y es que seguramente muchos de estos fideicomisos tienen un motivo de existir y seguramente hay beneficiarios.

“No meto mucho en eso porque no soy abogado, pero hay quienes dicen que esto no lo pensaron bien y que tiene muchas implicaciones jurídicas de las que parece a primera vista”.

En este sentido María Marván cree que será un trabajo a contrarreloj, ya que a más tardar el 15 de abril se tienen que transferir los recursos a Hacienda, lo que implica un trabajo extenuante por parte de abogados y administradores del gobierno federal.

Justine Dupuy de Fundar, Centro de Análisis de Investigación que desde hace algunos años se dedica al estudio puntual de los fideicomisos, señala que, aunque la extinción de fideicomisos se plantea en la Ley de Austeridad, es apresurada, ya que se había dicho que primero se iba a realizar una evaluación de cada uno de estos. 

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La segunda lectura de Ramírez es la económica, pues el gobierno tiene un hoyo en las finanzas públicas y que se agrava por la situación de emergencia del COVID-19 y por el desplome en el precio del petróleo aunado a la caída abrupta del Producto Interno Bruto (PIB) que se estima para este año. Según cálculos de Bank Of America la contracción puede llegar hasta -8%, la cifra más pesimista hasta el momento.

“Trata de apropiarse de dinero para tapar un hoyo. Hay una implicación económica macro, el gobierno no tiene dinero y lo quiere usar para cubrir su faltante”.

La tercera y que le parece la más delicada, es la política ya que denota un gobierno “capaz de todo” con tal de cumplir con sus objetivos, porque resalta la “desesperación” por dinero “no hay precedente de esta naturaleza en ningún otro gobierno”.

“El punto es la decisión de apropiarse de estos recursos. En este momento, en esta coyuntura y con un acto discrecional por parte del Ejecutivo”.

La presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana coincide en que “(el gobierno) está desesperado por dinero y se le ocurrió que en donde podría encontrar dinero ahorita sería allí”.

LA CORRUPCIÓN COMO ESCUDO

Uno de los puntos que ha hecho mayor referencia para terminar con estos fideicomisos es la corrupción que hay dentro de estos, aunque para los especialistas a todas luces es una justificación para una acción arbitraria.

“Es ciertísimo lo que dice el presidente, pero vaya, no está tomando una medida para combatir la corrupción. Y sí le puedo decir que una de las batallas más grandes que ha dado el IFAI, ahora INAI, ha sido por la transparencia de este tipo de fideicomisos, porque amparados en el secreto fiduciario han logrado que no sea información pública y que no se rinda cuentas de ellos”, dice María Marván.

Justine Dupuy concuerda, ya que en Fundar, en el análisis que han realizado, más de 90% de los recursos disponibles en los fideicomisos no cuentan con controles de vigilancia, además, se han encontrado que, en la búsqueda de transparencia, 60% de las solicitudes de información no han sido respondidas y 40% sí, pero parcialmente.

“Entonces, en efecto, la falta de transparencia en información de estos instrumentos hace un campo fértil para la corrupción. Pero no todos se comportan así. Nos parece una medida bastante drástica… aunque lo que está pasando también ahí es otra cosa, que realmente estamos en un momento donde el gobierno está buscando recursos”.

LAS MAYORES PREOCUPACIONES

Para Marván y Dupuy hay preocupaciones específicas en estos fideicomisos, pues hay temas muy sensibles a los que se apoyan como lo son el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y aquellos que tienen que ver con el bienestar de las personas y derechos humanos.

“Me preocupa, por poner un ejemplo, pero no sabemos si va a estar incluido o no, todo lo que tiene que ver con el Fonden… pero vamos a suponer que sí y que se quita ese dinero. ¿Qué pasa? y tocamos madera, pero si tenemos un desastre nacional, de los que son más frecuentes para los que se usa ese dinero. 

“Es decir, ahorita vamos a enfrentar con eso la emergencia sanitaria. Y si en octubre, que ya tenemos toda la época de huracanes y demás, viene un huracán devastador. ¿Con qué dinero vamos a hacer frente a eso? o viene un temblor”, cuestiona María Marván.

De acuerdo con la SHCP, el Fonden, hasta el cuarto trimestre de 2019, contaba con recursos por 9.8 mil millones de pesos.

Justine Dupuy dice que son también instrumentos que han sido muy valiosos para financiar temas prioritarios y también derechos humanos. Por ejemplo, los recursos para el mecanismo de protección a periodistas y derechos humanos provienen de un fondo.

“En este caso, como está previsto por ley, no se debería extinguir. Pero pongo este ejemplo porque es muy importante que no se afecten fondos, fideicomisos que permiten garantizar derechos fundamentales”. 

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Y a todo esto, ¿qué es un fideicomiso? Para facilitar la comprensión, María Marván lo pone así: es, por ponerlo entre comillas, “una cuenta especial”, en donde no sólo se pone el dinero, sino que además se pone con instrucciones precisas, el dinero de un fideicomiso solamente puede entrar y salir conforme a las instrucciones de este mismo, es decir para qué, cuándo y cómo. 

MÁXIMA TRANSPARENCIA

Todos los expertos indican que el gobierno federal, así como publicó el decreto, tendrá que hacer lo propio para dar a conocer cuáles son los fideicomisos que va a extinguir, el monto de cada uno de ello y transparentar a dónde irán.

El decreto es poco claro, asegura María Marván, y no dice que en algún momento se publicará la información precisa.

Aunque el presidente López Obrador indicó este viernes en su conferencia matutina que irán para programas sociales, créditos para impulsar la industria de la construcción, a Pemex por la caída de los precios –pues esta semana tocó un mínimo histórico de 10 dólares por barril– y al pago de deuda.

Carlos Ramírez comenta que esto puede o no ser así: “nunca será posible determinarlo”, esto al ser recursos que no van a estar etiquetados y entran a una bolsa general.

 

@ptcervantes

 

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