EMEEQUIS.- Luego de que esta mañana se destapara la indagatoria llevada a cabo por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, donde se denuncia que el exministro Arturo Zaldívar y alrededor de 20 excolaboradores han intervenido en favor de Presidencia, un elemento se añade más a la discusión: la cuenta secreta para favorecer el caso Wallace.
Una investigación realizada por la periodista Yohali Reséndiz destapó que Zaldívar habría recibido una serie de depositos bancarios para intervenir en casos contundentes del país como el caso Wallace.
LA CUENTA SECRETA
El reportaje de Yoali Reséndiz señala como el ex ministro Arturo Zaldívar tuvo una cuenta bancaria a su nombre que nunca declaró como parte de sus bienes.
Esta cuenta, se presume habría sido en la que Zaldívar recibió grandes sumas de dinero para interferir en casos.
A partir de conversaciones de WhatsApp obtenidas a través del programa de espionaje Pegasus a los cuales tuvo acceso Reséndiz, según señala la periodista, se puede observar los montos que solicitaba Zaldívar para hacer dichos favores los cuales iba desde los 300 mil hasta los 600 mil pesos.
Las peticiones eran para solicitar que se ordenara la liberación de la banda presuntamente involucrada en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace y muestra presuntas pruebas de la conversación tanto de Zaldívar con Netzai Sandoval extitular del Instituto Federal de la Defensoría Pública así como con el periodista Ricardo Raphael, quienes pedían favores al entonces ministro.
En respuesta a lo publicado por Reséndiz, Ricardo Raphael publicó un video en el que reclama el uso de su nombre así como el uso de presuntas capturas de pantalla del malware Pegasus, así como establecer la duda de la veracidad de la información.
¿QUÉ PASÓ CON ZALDÍVAR?
Este viernes 12 de abril se difundió a través de redes sociales un documento en el que se revela que la ministra Norma Piña admitió la recepción de una denuncia anónima en contra del exministro Zaldívar y otros ex colaboradores del Consejo de la Judicatura Federal por hechos cometidos en los años que presidió la Corte (2019 a 2022) los cuales podrían constituir causa de responsabilidad administrativa.
En el documento, además de ser denunciado de manera anónima Zaldívar, se señala a Carlos Antonio Alpízar Salazar , cuando fue Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal; Edgar Manuel Bonilla del Ángel, en su actuación como titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles; Netzaí Sandoval Ballesteros, en su actuación como director General del Instituto Federal de Defensoría Pública; Celia Maya García, consejera de la Judicatura Federal; el magistrado federal, Jaime Santana Turral y la ex contralora del Poder Judicial, Arely Gómez.
Los delitos por los que fueron señalados son enriquecimiento ilícito, corrupción, extorsión, desvío de recursos públicos para beneficio propio, hostigamiento laboral, violencia sexual y de género, así como acoso contra jueces y magistrados.
Ante esto, Zaldívar externó su extrañeza de que Norma Piña admitiera a trámite la queja por violar “toda la normatividad y todos los precedentes” pues en la actual administración de la Suprema Corte las quejas anónimas o que no aportaban pruebas no eran admitidas y se desechaban.
“La intencionalidad política de la ministra Norma Piña es evidente. Hay desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial”, dijo Zaldívar en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
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