EMEEQUIS.– Para evitar que el Instituto Nacional Electoral (INE) argumente que el presupuesto que les fue aprobado para este 2022 es insuficiente a la hora de organizar la consulta popular de revocación de mandato, el gobierno mexicano está dispuesto a diseñarle un plan de austeridad al árbitro electoral.
En ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador –quien se recupera del Covid-19–, el secretario de Gobernación Adán Augusto López adelantó en la conferencia de prensa matutina que la administración federal está lista para colaborar con los consejeros electorales para que cumplan con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los recursos ya otorgados.
Esa propuesta de plan de austeridad sería independiente de la petición que ya hizo el INE a la Secretaría de Hacienda para una asignación adicional de mil 738 millones de pesos para la consulta de revocación de mandato, anunció el Adán Augusto López.
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“No descarto que nosotros hagamos público una propuesta de plan de austeridad, pero no está disociado con la obligación que tiene el INE de solicitar recursos adicionales.
“El INE tendrá que razonar y sustentar su opinión al respecto. Yo aconsejaría que esperemos a que haya una propuesta o comunicación oficial, pero eso no coarta que nosotros hagamos un análisis y presentar un plan de austeridad”, aseguró el titular de la Secretaría de Gobernación.
El año pasado, el INE calculó que para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato que impulsan los simpatizantes del presidente López Obrador es necesario un fondo mínimo de 3 mil 830 millones de pesos.
Sin embargo, para este 2022, la mayoría legislativa de Morena y sus aliados aprobaron un recorte presupuestal para el árbitro electoral de 4 mil 913 millones de pesos, lo cual hace imposible la organización del referéndum, según el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.
Ante esa situación, el Consejo General del INE votó en diciembre pasado que se posponga la organización de la consulta de revocación de mandato hasta que estén garantizados los recursos mínimos; esta decisión provocó un enfrentamiento entre consejeros electorales y el presidente López Obrador, quien ha insistido en que el presupuesto aprobado para este 2022 es suficiente para llevar a cabo el ejercicio.
“Que quede muy claro: no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana”, dijo Lorenzo Córdova al justificar su decisión de posponer la consulta.
Se espera que este martes el Consejo General del INE discuta una propuesta para la Secretaría de Hacienda que contempla una petición para que se les otorguen mil 738 millones de pesos extra para financiar el ejercicio de revocación de mandato.
Según sus cálculos, si la respuesta desde las oficinas del secretario Rogelio Ramírez de la O llega antes del 31 de enero, se podría poner en marcha, de nuevo, la logística para realizar el ejercicio de democracia participativa.
Si no prospera su petición, entonces el plan de austeridad que alista el gobierno federal podría ser el siguiente escenario para la realización de la consulta de revocación de mandato.
@emeequis