“Para mí no es un tema de venganza, es un tema de justicia. Y la justicia es que mi violador no le vuelva a poner una mano encima a otra mujer en su vida”, dice Aida Mulato, víctima de violación sexual y de violencia institucional, quien espera que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México repare los daños que le han causado por las omisiones en la investigación de su caso.
Aida forma parte de un grupo de 17 niñas y mujeres que han sido violentadas por los impartidores de justicia de la Ciudad de México, víctimas de violencia sexual que en su búsqueda de justicia han sido revictimizadas, de acuerdo con la recomendación 08/2019 de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDH) emitida en septiembre del año pasado.
Estos 17 expedientes se iniciaron entre el año 2015 y 2019, en todos ellos, incluido el de Aida, se encontraron 12 patrones de comportamiento de los servidores públicos que significan violencia y revictimización para las niñas y mujeres que buscaron apoyo en las instituciones para obtener justicia.
Estos patrones sistemáticos incluyen los malos tratos a las víctimas durante la investigación, la negativa a iniciar una carpeta, ausencia de pruebas periciales o bien irregularidades o deficiencias en ellas; investigaciones sin análisis de contexto y sin perspectiva de género, falta de medidas de protección, ausencia o escasos intentos de investigación de los casos, estigmatización, nula atención psicológica, entre otros.
Aida espera la reparación del daño causado, que se reabra la investigación y se realice con perspectiva de género, que se sancione a su violador y a los servidores públicos que atentaron contra ella, así como una disculpa pública por las omisiones en la investigación de parte de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FJCDMX), antes Procuraduría de Justicia de la CDMX.
A lo que apela Aida es a la no repetición. “Si otra mujer sufre lo que yo viví a manos de mi agresor, ellos se convierten en cómplices”, explica.
LA REVICTIMIZACIÓN
La violación que sufrió Aida Mulato ocurrió en noviembre de 2017, fue a manos de un hombre de confianza que después le confesó había fantaseado con agredirla tiempo antes de cometer este delito.
Tras el hecho, buscó asesoría jurídica. Abogados y abogadas que durante un año trataron de hacerla desistir de denunciar ante las autoridades competentes. El primer obstáculo fue encontrar defensores con perspectiva de género. En ese camino encontró a Sayuri Herrera, abogada feminista que también llevó el caso del feminicidio de Lesvy Berlín Osorio. Fue hasta un año después de la agresión que pudo iniciar el proceso de denuncia.
La primera agresión por parte de la autoridad fue que la obligaron a realizarse pruebas ginecológicas, pese a que ella indicó que la violación había ocurrido un año antes. La segunda fue el dictamen psicológico, en el que quedó estipulado que no tenía síntomas de haber sido víctima de una agresión sexual y en el cual se hacía alusión a que ella hablaba todo el tiempo de sus dos hijas, aunque Aida no es madre.
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Aida optó por realizarse pruebas psicológicas independientes, con las que pudo comprobar que tenía trastorno de estrés postraumático y depresión.
“He hecho todo lo que está en mis manos, he seguido todo el protocolo, he hecho todo lo posible para que mi caso no quede impune”, reclama Aida.
En algunos casos, Erika Fabiola Vázquez Jiménez, la agente del Ministerio Público asignada a su denuncia, señaló que esas pruebas psicológicas no eran suficientes para acreditar la violación que había padecido, que sería mejor si pudiera presentar un video o una fotografía de la agresión, o bien sangre o semen, para así procesar al agresor. Al final, la MP optó por archivar el caso, sin notificar a Aida.
“Cuento esto porque esta es la razón por la que las mujeres no nos acercamos a las instituciones. A las instituciones no les interesa protegernos”, asegura.
A partir de su propia experiencia, Sayuri Herrera, abogada, refuerza este dicho: “Entiendo por qué hemos optado y han optado las colectivas, las estudiantes, las mujeres más jóvenes, por tomar las calles y prenderle fuego a los edificios, hacer acciones directas sobre cosas inanimadas para protestar sobre lo que se hace sobre nuestros cuerpos y claro que ha resultado mucho más efectivo para que se empiecen a mover las cosas”.
LA DISCULPA PROMETIDA
En la recomendación emitida por la CDH de la CDMX se habla de la “cultura de la violación” que hace que se normalice culpar a las víctimas por las agresiones que sufren, algo que detectó en el actuar de los servidores públicos de la FJCDMX.
Ante las omisiones de la autoridad y las agresiones directas en contra de las víctimas, la CDH instó a la Fiscalía a realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad en el que asuma que la violencia institucional ejercida contra mujeres, adolescentes y niñas “es un problema estructural que requiere ser abatida en la CDMX” y realice un compromiso explícito para prevenir, investigar, sancionar y erradicar tales hechos.
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Aida considera importante que esta disculpa pública no corra sólo a manos de la procuradora Ernestina Godoy, sino que estén presentes todos los servidores públicos que la violentaron y que han obstaculizado su derecho a la justicia.
Para ello tendría que estar la perito médico oficial Némesis Guadalupe Rodríguez, quien le realizó exámenes ginecológicos, proctológicos, entre otros, a un año de la agresión. También la psicóloga Gabriela Fuentes Zamacona, quien declaró que Aida no presentaba afectaciones psicológicas compatibles con quienes han sido agredidas sexualmente. Así como la agente del Ministerio Público Erika Fabiola Vázquez Jiménez, quien le dio un trato violento y desconsiderado a lo largo del proceso.
“El sistema está diseñado para desgastarte, cansarte y hacer que abandones el proceso, siendo así cómplice de cada uno de los agresores que siguen hoy en las calles llevando una vida normal, acechando a otras mujeres, para en cualquier momento abusar de ellas y hacerles daño”, recuerda la joven, quien durante dos años ha buscado justicia y no la ha encontrado.
@AleCrail