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EMEEQUIS.– Las reacciones institucionales por parte del presidente, la Sedena y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tras la presunta masacre llevada a cabo por elementos del Ejército en contra de un grupo de siete jóvenes (sobrevivieron dos) que viajaban en una camioneta por la madrugada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, han dejado una mala sensación en organizaciones civiles, quienes advierten de las respuestas insuficientes que siguen respaldando políticas de militarización en el país y las consecuentes violaciones de derechos.
En entrevista con EMEEQUIS, Frida Ibarra, directora de Incidencia de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), responde que el asesinato de cinco de los siete jóvenes en la madrugada del 26 de febrero, así como la confrontación de vecinos y familiares con elementos del Ejército son una muestra del uso desproporcionado de la fuerza.
“Primero que nada, estamos condenando estos hechos que ocurrieron en Nuevo Laredo porque son un ejemplo claro y lamentable de una política de seguridad militarizada que lo único que hace es poner en riesgo a las personas y que nos describe perfectamente cómo las Fuerzas Armadas no están capacitadas para la seguridad pública, sino que ya están entrenadas para la guerra y para combatir a un enemigo”, explica.
¿QUÉ PASÓ EN NUEVO LAREDO?
La madrugada del domingo 26 de febrero, un grupo de siete jóvenes que se trasladaba en una camioneta en Nuevo Laredo, Tamaulipas, luego de pasar la noche en una fiesta, fueron agredidos a balazos por elementos del Ejército. Al ataque sobrevivieron dos jóvenes, de los cuales uno permanece grave en el hospital.
Posteriormente, vecinos y familiares de los jóvenes asesinados se enfrentaron a los militares cuando se disponían a retirar la camioneta, lo cual derivó en que los elementos realizaran disparos al aire y le quitaran el celular a uno de los familiares. Todo esto fue grabado por otro civil y difundido a través de las redes sociales.
Este martes, luego de las protestas y posicionamientos por parte de diversos grupos de activistas y organizaciones de Derechos Humanos, la Sedena reconoció a través de un comunicado que los militares accionaron sus armas de fuego bajo la justificación de que escucharon disparos de armas de fuego, sin confirmar que los jóvenes estuvieran armados y únicamente detallar que aceleraron y posteriormente se escuchó un estruendo.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que explicó que el mismo día se inició una queja de oficio por presuntas violaciones a derechos humanos de los jóvenes agredidos por elementos militares. Sin embargo, en dicho comunicado, la CNDH “aprovechó la ocasión” para invitar a las asociaciones civiles, activistas y medios de comunicación a evitar la desinformación y no divulgar versiones no oficiales.
Fue hasta este miércoles que el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del caso en su conferencia matutina donde informó que la Sedena está investigando el caso y advirtió que si los militares tienen responsabilidad serán castigados.
“Conozco el caso. Se nos informó en el gabinete de seguridad y, a propuesta del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso, incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que si resultan responsables los miembros del ejército sean castigados”, dijo.
La explicación de López Obrador dejó más dudas que certezas.
Al respecto, Ibarra de MUCD señala que el hincapié de la Sedena en realizar una investigación en justicia militar es grave, porque debería ser siempre de desde el fuero civil, mientras que, en el caso de la CNDH, es lamentable que se busque silenciar las voces de activistas, medios de comunicación y la sociedad civil.
“Y, por supuesto, las declaraciones del presidente de la mañana siguen respaldando a la Sedena y diciendo que pidió la intervención de la CNDH, es completamente insuficiente para atraer justicia a este caso y sobre todo para tener garantías de no repetición, en el sentido de que no vuelva a ocurrir un hecho de esta naturaleza”, explica.
Asimismo, la activista recuerda que, en la misma ciudad, la niña Heidi fue víctima de esta violencia, al ser asesinada por el impacto de balas de uso exclusivo del Ejército.
“No hay que olvidar que Tamaulipas es el segundo estado con más elementos del Ejército desplegados después de Guanajuato”, recordó.
“Las declaraciones del presidente de la mañana siguen respaldando a la Sedena”: Frida Ibarra.
LAS CIFRAS
Al momento de hablar sobre el uso desproporcionado de la fuerza y las violaciones a derechos humanos por parte del Ejército mexicano, Frida Ibarra señala que desde 2014 la Sedena no ha hecho pública la información desagregada sobre los enfrentamientos con civiles, lo cual deja sin una estadística clara de los civiles heridos y ejecutados.
“Esto es preocupante, porque justamente nos habla de la opacidad con la que están operando las Fuerzas Armadas en las calles, además de que obstaculiza la rendición de cuentas con la ciudadanía. No sabemos qué están haciendo las autoridades y además tenemos un mandato constitucional de que, aunque las Fuerzas Armadas hagan tareas de seguridad pública, deben cumplir con criterios de de rendición de cuentas, de fiscalización, de subordinación, complementariedad, con las autoridades civiles, cosa que evidentemente no está ocurriendo”, explica.
Cifras de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 realizada por el INEGI revelan que, en materia del uso de la fuerza durante la detención, el 85.8% de la población privada de la libertad mencionó haber sufrido algún tipo de uso de la fuerza durante la detención.
Dentro de los indicadores que subieron con respecto a 2016 está el hecho del uso de fuerza física para ser sometidos.
Asimismo, dentro de los elementos que refiere la encuesta está el hecho de que el 58.8% de la población privada de la libertad no fue informada de los motivos por los que se les detuvo, el 73.8% no supo a dónde sería trasladado, el 78.8% no conoció la identidad de quien los detuvo, entre otras.
“Al final nos dejan este ciclo sin fin de donde no podemos salir de una, porque seguimos con la misma estrategia militarizada ya por mucho mucho tiempo y las víctimas siguen sin recibir justicia”, finaliza.
@FridaMendoza_
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