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Iglesia se sube al ring en defensa del INE y diputados citan a Rosario Piedra

La Iglesia responde a CNDH. “Exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo y Legislativo a que asuma su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones”, señala la Conferencia del Episcopado Mexicano en su defensa del INE.

Por Emequis
11 / 01 / 22

EMEEQUIS.– La jerarquía católica se sumó a la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y expuso una dura crítica a la polémica propuesta de reforma electoral de AMLO, pues consideró que dicha iniciativa entraña “un agravio a la vida democrática del país” y busca trasladar “el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista”.   

En un comunicado emitido hoy por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), los prelados manifestaron que “ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución (…), tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y del TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación)”.

El pleno de la prelatura postuló que “la sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”, y exhortó al presidente de la República, y al Congreso, a hacer a un lado “intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común”. 

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Ante las críticas a su pronunciamiento bajo el argumento de laicidad del Estado mexicano, los prelados reivindicaron su participación “desde el ejercicio de nuestro compromiso con el bien común que es un derecho propio, y con millones de ciudadanos que piden detener el intento de minar a estas dos instituciones”.

Cabe señalar que las prohibiciones legales a los pronunciamientos públicos de representantes religiosos, establecidas en el Artículo 130 Constitucional y su ley reglamentaria, se limitan a la promoción de candidatos y partidos, u “oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.

Por otro lado, un reciente informe pontificio, expuso su preocupación  “por la relación adecuada entre el Estado y la religión, especialmente por el uso del lenguaje y los símbolos religiosos con fines políticos”, y dio una amplísima lista de actos y declaraciones públicos del presidente Andrés Manuel López Obrador de   incontrovertible naturaleza religiosa.

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Otro actor que, de manera atípica,  ha entrado a la discusión de la controvertida reforma electoral es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aunque esta sí es una institución que forma parte del Estado mexicano (aunque se rige con autonomía), al emitir una “recomendación general” en la que promueve la aprobación de las modificaciones constitucionales que anulan la autonomía del INE y el TEPJF, planteadas por el Ejecutivo.

Ante ello, la Cámara de Diputados citó a comparecer a la titular Rosario Piedra Ibarra.

Mientras que la senadora panista Kenia López Rabadán fue más allá e incluso pidió la renuncia de la ombudsperson. “Una vez más la Titular de la Comisión demuestra que obedece a los intereses del gobierno de López Obrador y no cumple con su mandato constitucional. Inmoralmente, la CNDH hace el trabajo sucio del gobierno de Morena. Es necesario que la señora Piedra se separe del cargo”, puso en su cuenta de Twitter.

DEMOCRACIA, EN RIESGO: CEM

En un “Mensaje al pueblo de México sobre la iniciativa de una reforma constitucional en materia electoral”,   los obispos expresaron su “más amplio reconocimiento a la importante labor que realizan en la vida democrática de nuestro país, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”.

Consideran que “se trata de una institución ciudadana que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y, en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos, ha permitido durante los últimos 25 años la realización de procesos electorales (generales o locales) justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica, para la renovación de los cargos de elección popular”.

Aseguran que  ambas instituciones “son el resultado de la lucha y compromiso de miles de mexicanos de la sociedad civil, y de todos los signos partidistas, quienes lograron abrir caminos para la democracia real en México”, pues “desde su fundación, el principal fruto fue que el gobierno dejó de ser juez y parte en los comicios electorales, y comenzó la transición a la democracia con alternancia en las tareas de gobierno a nivel local y federal, dando paso a gobiernos de distintas opciones políticas, ya sea en los congresos de los estados, en las gubernaturas y municipios de los mismos, junto a la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal y el congreso legislativo en su conjunto”.

“El INE  –ponderan– tiene una gran aceptación en la ciudadanía, siendo una de las Instituciones más confiables para los mexicanos, pues ha forjado la cultura de la identificación oficial con la famosa credencial de elector, ha motivado la participación y organización de los ciudadanos para ser los garantes de la imparcialidad y legalidad electoral, ha fiscalizado las contiendas electorales, ha impulsado condiciones de equidad en las contiendas y ha dado solución, en el marco de la Ley, a las inconformidades y controversias, a través del Poder Judicial Electoral”. 

Reiteran que el árbitro electoral “goza de un merecido reconocimiento internacional, siendo un ejemplo a seguir en muchos otros países”.

Aunque consideran que todas las instituciones y las leyes son perfectibles, y que todo proceso puede siempre mejorar, como de hecho ha venido sucediendo con las instituciones electorales, expresaron su “franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil -y de los mismas organizaciones políticas-, por el impulso que se da a una Reforma Constitucional en materia Electoral, por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados”.

Señalan que “por su orientación y motivos, es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”.

Desde su punto de vista, “ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las Instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y del TEPJF”.

Subrayan que “la sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”.

Bajo ese tenor, dicn, “unimos nuestras voces como pastores de la Iglesia católica en México, desde el ejercicio de nuestro compromiso con el bien común que es un derecho propio y, con millones de ciudadanos que piden detener el intento de minar a estas dos Instituciones, a través de reformar la Ley Constitucional. Exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo y Legislativo a que asuma su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común, en un Estado de Derecho Democrático como es México.

Apelamos a la prudencia legislativa y al compromiso del gobierno para con toda la ciudadanía, más allá de intereses partidistas o de protagonismo histórico. La defensa de nuestras instituciones electorales es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos. Por ello decimos junto a millones de voces: no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”.

IGLESIA, CRECIENTE ACTOR PÚBLICO

En los meses recientes, la iglesia católica ha intensificado su intervención en el debate público nacional, en especial después de que la violencia criminal alcanzara a los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, quienes asesinados por el crimen organizado en su templo de Cerocahui, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, el 20 de junio.

A partir de entonces pidieron de manera pública y enérgica al presidente de México, la modificación de su política de “abrazos y no balazos” en comunicados escritos y videos. 

Y apenas hace un par de semanas, la Compañía de Jesús externó sus indignación por la exposición pública de documentos de inteligencia militar que evidencían que las fuerzas armadas conocían con al menos dos años de antelación todos los pormenores de la estructura criminal de José Noriel Portillo Gil, llamado “El Chueco”, autor de los homicidios de acuerdo con testimonios e indagatorias; así comos sus operaciones, organización y movimientos.

“La Compañía de Jesús manifiesta que nos indigna el contenido de los documentos militares relacionados con el caso de Cerocahui que se han hecho públicos (..,). El estado Mexicano identificó con antelación las actividades delictivas en la Sierra Tarahumara de quien a la postre perpetraría el homicidio de nuestros hermanos Joaquín Mora y Javier Campos, mismos que a más de cien días siguen impunes. (…) Es muy grave y preocupante que la inteligencia militar no se haya concentrado en localizar al perpetrador  de los asesinatos, hasta hoy prófugo, y sí en monitorearlos pronunciamientos públicos de los sacerdotes”.

El obituario de sacerdotes asesinados bajo la era obradorista es una lista en constante crecimiento: 

Padre José Martín Guzmán Vega, apuñalado en el templo de su parroquia de Cristo Rey de la Paz, ejido Santa Adelaida, de la diócesis de Matamoros, el 23 de agosto de 2019; José Guadalupe Popoca Soto, párroco de San Nicolás de Bari en Galeana, Zacatepec, Morelos, asesinado en su parroquia de un tiro en el cráneo, la noche del 30 de agosto del 2021; Gumersindo Cortés González, párroco de la Iglesia de Cristo Rey en Dolores Hidalgo, Guanajuato, asesinado a tiros el 28 de marzo de 2021, después de haber sido secuestrado el día anterior; Fray Juan Antonio Orozco Alvarado, muerto el 12 de junio de 2021 al quedar atrapado, con feligreses, en el fuego cruzado de dos grupos rivales del crimen; Javier Campos y Joaquín Mora, sacerdotes jesuitas asesinados por el crimen organizado en su iglesia el 20 de junio del 2022, en Cerocahui, Tarahumara, Chihuahua…

Si la lastimosa cuenta se amplía a sexenios anteriores las estimaciones llegan a un rango de entre 30 y 70 ministros de culto asesinados. Pero los homicidios sólo dan cuenta de una parte de la violencia contra las comunidades religiosas.

Por ejemplo, también hay desaparecidos: el sacerdote Santiago Álvarez, de la diócesis de Zamora, Michoacán, desapareció el 29 de diciembre de 2012, y el padre Carlos Órnelas Puga desapareció el 3 de noviembre de 2013 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de acuerdo con un reporte especial del Centro Católico Multimedial. 

USO POLÍTICO DE LA RELIGIÓN VULNERA DERECHOS

De acuerdo con la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional (Aid to the Church in Need, ACN), la implicación de religiosos en actividades relacionadas con la protección y auxilio a población migrante en México, es factor de riesgo para los clérigos porque esas actividades afectan los intereses de las organizaciones criminales.

El apartado dedicado a México en el Informe 2021 de la ACNI sobre Libertad Religiosa en el Mundo, destaca que “para los grupos del crimen organizado los miembros del clero son lógicos objetivos de la violencia porque denuncian e informan de los abusos y los actos criminales”. 

El informe analizó la evolución de la libertad religiosa en 62 países entre 2018 y 2021, y concluyó que en nuestro país “las evidencias indican que, aunque los ataques dirigidos concretamente contra sacerdotes no parecen estar motivados por la religión (negando así la idea de que el clero es víctima de persecución religiosa), secuestran y asesinan a sacerdotes debido a su labor pastoral, pues a menudo lleva implícita la defensa de los derechos humanos”.

El reporte global explica que en el caso mexicano “los sacerdotes y las monjas intentan proteger a sus comunidades, en concreto a los migrantes, que constituyen uno de los grupos más vulnerables a la explotación de los traficantes de personas y los cárteles de la droga”.

Lo peor, según la organización auspiciada por El Vaticano, que trabaja con comunidades cristianas en riesgo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, es que “no hay un registro sistemático de investigaciones policiales que puedan llevar a aplicar condenas legales”, de modo que “da la impresión de que los actos contra la libertad religiosa quedan impunes”.

En suma, concluye el informe, en México “la libertad religiosa es precaria”, y “la violencia restringe profundamente el ejercicio efectivo de la libertad de pensamiento, conciencia y religión”.

El informe de AICN refiere que el uso político de la religión por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador amenaza también al ejercicio de la libertad religiosa.

El reporte reseña que “en julio de 2019, dadas las relaciones existentes entre las asociaciones religiosas y el Gobierno federal, la iglesia católica decidió no distribuir la Cartilla Moral, un documento de reflexión nacional sobre los principios y valores que promueve el gobierno, argumentando que ‘se tiene que reconocer y fomentar que la educación en valores es la tarea primordial de los padres’. Por su parte, la Confraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas sí se unió al programa gubernamental”.

Recuerda que “el 1 de diciembre de 2018, cuando el actual presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, se celebró un acto público en Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, en frente de la Catedral Metropolitana y del Palacio Nacional, en el que representantes de los grupos nativos bendijeron al presidente. En esta ceremonia religiosa tradicional indígena, el presidente se arrodilló ante los representantes indígenas que rezaron por él a la Virgen de Guadalupe, le purificaron con copal y hojas de albahaca y le dieron un bastón de mando simbólico”.

“Es la primera vez   –subraya la fundación pontificia– que un presidente mexicano se arrodilla ante los representantes de la comunidad indígena. Durante la campaña electoral y en conferencias de prensa diarias, el presidente ha hecho referencia a los símbolos religiosos, las enseñanzas del papa Francisco, e incluso al Evangelio (…). En marzo de 2020, el presidente, que constantemente ha minimizado la pandemia de la Covid-19 y sus efectos, mostró una estampa religiosa diciendo que era su ‘escudo protector’ contra las consecuencias económicas del coronavirus”.

Al respecto, el informe, difundido en el primer semestre de este año, concluye que “preocupa la relación adecuada entre el Estado y la religión, especialmente por el uso del lenguaje y los símbolos religiosos con fines políticos”.

Dicha manipulación de los conceptos, considera, contribuye a la violencia contra los religiosos: “Está creciendo la violencia contra los cristianos que denuncian o buscan proteger a los amenazados por los grupos criminales o los cárteles de la droga. Como consecuencia de las diversas protestas sociopolíticas, también han crecido los ataques contra los edificios de la Iglesia o su personal. Esto, combinado con la creciente instrumentalización política de la religión, indica que la libertad religiosa no ha mejorado respecto a informes anteriores; las perspectivas de futuro de este derecho humano siguen siendo negativas”.

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