SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS. A pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió anomalías en el uso de 13 mil 549.5 millones de pesos por parte de la SEP, bajo el encargo de Delfina Gómez, en el programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), en abril de 2022 la dependencia solicitó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados casi triplicar el monto a 32 mil millones de pesos.
La ASF estableció que no encontró evidencia de mejora en los planteles ni de compra de equipo, y en cambio detectó anomalías como pagos duplicados y a personas fallecidas.
El programa LEEN fue creado en 2019, con el objetivo de que el gobierno federal transfiriera directamente a la comunidad de cada escuela los recursos económicos necesarios para aplicarlos en sus necesidades más apremiantes, que podían ser la remodelación, ampliación o construcción de espacios, y la compra de equipo didáctico o mobiliario.
Para ello, cada plantel debe formar un Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), integrado por padres de familia que reciben el dinero, lo gastan y están obligados a comprobar su buen uso. Pero eso no ocurrió.
El informe de la Cuenta Pública 2021 de la ASF detalla que en dicho año fueron beneficiados 68 mil 665 planteles públicos de educación básica, 29.6% más de la meta original, que era de 53 mil escuelas, aunque no se cuantificó a la población potencial y a la población objetivo del programa.
Además, la SEP no identificó el número de planteles ubicados en localidades con población en alto índice de pobreza, en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social.
LO QUE NO SE ACREDITÓ
“No se acreditaron las obras de mantenimiento, rehabilitación o construcción realizadas en los 68,665 planteles beneficiados en 2021, para la mejora de la infraestructura de los espacios educativos”, señala el informe de la ASF.
“No se acreditó el mobiliario, equipo y material didáctico adquirido por los 68,665 planteles beneficiados por el programa en 2021, para la mejora del equipamiento de los espacios educativos”.
Aunque Delfina Gómez, en su calidad de Secretaria de Educación, defendió el programa LEEN porque supuestamente apoyaba a la población escolar más necesitada, la dependencia no presentó pruebas de ello cuando estaba a cargo.
“La SEP no formuló indicadores, ni contó con información suficiente para evaluar en qué medida, en 2021, el programa contribuyó a la mejora del proceso de enseñanza – aprendizaje, a la paulatina superación de las desigualdades entre las escuelas, y a la permanencia de los alumnos en el Sistema Educativo Nacional”, afirma el informe de la ASF.
Por otra parte, la revisión al programa LEEN detectó que se dieron apoyos duplicados a 5 beneficiarios por un monto de un millón 100 mil pesos, y se entregó un millón y medio de pesos a 7 tesoreros de CEAP que fallecieron en 2020 (sin evidencia de ese dinero fuera canalizado a nuevos tesoreros).
Por último, al comité de una escuela en Chiapas se le depositaron 500 mil pesos a una cuenta bancaria distinta a la registrada.
EMEEQUIS DOCUMENTÓ OTRAS IRREGULARIDADES
EMEEQUIS documentó que se acumulan montos por aclarar de la SEP en la cuenta pública de 2021, cuando Delfina Gómez estaba al frente: pagos excedentes en sueldos, en prestaciones y en estímulos a los autorizados, salarios de plazas o categorías no consideradas, trabajadores designados como deceso en nómina, bienes adquiridos no localizados o que no operan, servicios no realizados, falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto…
Son apenas algunas irregularidades encontradas en los Centros de Estudios, Bachilleratos, Institutos, Universidades Tecnológicas y Politécnicas a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó un monto por aclarar de 830.7 millones de pesos derivado de irregularidades con un posible daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal.
En Apoyo Solidario las irregularidades suman 15.8 millones de pesos; Educación Media Superior 496.5 millones de pesos; Universidades Tecnológicas y Politécnicas 148.7 millones de pesos; Institutos Tecnológicos 49.9 millones de pesos; y Transferencias UPES 119.8 millones de pesos.
“Se observó que el pago de plazas o categorías no consideradas en el convenio, catálogo o normativa con 179.2 millones de pesos fue la principal irregularidad en las auditorías al nivel medio superior al igual que en las universidades tecnológicas y politécnicas con 42.2 millones, recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del programa con 9.9 millones en las universidades públicas con apoyo solidario y pago excedente en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados o que no son financiables con el fondo o programa con 31.9 millones en los institutos”, señala.
@emeequis
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