EMEEQUIS.– Prófugos, presos o investigados… el grupo de Genaro García Luna, que durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón (2000-2012) gozó del control operativo y presupuestal de la Seguridad Pública, y cuya influencia se extendió al gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), ligado a episodios como la segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, enfrenta un destino opuesto al de poder y encumbramiento, al estar bajo indagatorias en México y en Estados Unidos por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.
Además, en el historial del grupo también hay procesos por delitos como tortura, al igual que fallecimientos en circunstancias no aclaradas por las autoridades.
García Luna enfrenta en la Corte del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, cuatro cargos relacionados con presunta protección al Cártel de Sinaloa, a cargo entonces de Guzmán Loera, Ismael “El Mayo” Zambada, Nacho Coronel y Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”.
Dos de sus principales colaboradores también son investigados por el mismo supuesto: Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño García.
Cárdenas Palomino, que ocupó cargos como titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, fue referido en el juicio contra García Luna porque, a decir del narcotraficante Óscar Nava Valencia, alias “El Lobo” –testigo colaborador de la fiscalía–, otrora capo del cártel del Milenio, le entregó un adelanto de 500 mil dólares en 2018 para que pactara una reunión con su jefe, el promovido “superpolicía” durante el gobierno de Felipe Calderón.
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Según “El Lobo Valencia”, la reunión con García Luna pactada por Cárdenas Palomino se llevó a cabo en las oficinas de un centro de lavado de autos en Guadalajara, que pertenecía a un “compadre” del capo, identificado con el alias de “Pilo”.
Cárdenas Palomino, su manom derecha. Foto: Archivo.
En ese encuentro, aseguró Nava Valencia en la Corte, entregó al exsecretario de Seguridad Pública otros 2 millones y medio de dólares. En total, este exlíder criminal aseguró haber dado 10 millones de dólares del tráfico de drogas a Genaro García Luna a cambio de protección.
Galardonado con la Medalla al valor por el presidente Calderón, Luis Cárdenas Palomino fue aprehendido el 5 de julio de 2021, por una orden girada en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de tortura, en modalidad de instigador y autor material, en el marco de la detención de Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta.
A ambos se les acusó de pertenecer a una banda de secuestradores a la que se le dio el nombre de Los Zodiaco. El segundo, además, protagonizó el montaje televisivo del caso Florence Cassez, en el que participó y comandó el propio Cárdenas Palomino.
Reconocido por la Comunidad de Policías de América, como el Mejor Policía de México, el exfuncionario se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 en Almoloya de Juárez: la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano.
Tanto Cárdenas Palomino como Pequeño García son investigados por autoridades de Estados Unidos por su posible implicación en conspiración para distribuir internacionalmente cocaína (más de cinco kilogramos). Asimismo, al igual que su exjefe García Luna, en México son indagados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por presunto lavado de dinero.
Ramón Eduardo Pequeño, prófugo. Foto: Archivo.
Ramón Eduardo Pequeño, nombrado jefe de la División Antidrogas de la PF en el sexenio de Calderón, cargo que mantuvo con Peña Nieto, era el encargado de presentar ante los medios de comunicación a los presuntos criminales detenidos durante la “guerra contra el narco”, que, con base en expedientes y sentencias judiciales absolutorias en casos conocidos como el “Hidalgazo” y el “Michoacanazo” (por detenciones masivas en esos territorios, supuestamente ligadas a Los Zetas y a La Familia Michoacana), se trató de fabricaciones múltiples de “culpables” y, por omisión o protección –refieren los expedientes–, verdaderos líderes del narcotráfico lograron eludir responsabilidades.
Pequeño después escaló a la División de Inteligencia, de la que fue removido el 15 de julio de 2015, debido a que él era el encargado de monitorear las cámaras de videovigilancia de la cárcel del Altiplano cuando “El Chapo” Guzmán –uno de los criminales con los que se vincula al grupo García Luna– logró escapar por un túnel construido desde un predio aledaño al penal hasta la celda del entonces líder del Cártel de Sinaloa. Actualmente, se encuentra prófugo.
Otro mando de seguridad vinculado a Genero García Luna –lo promovió como su subsecretario de Prevención en la Secretaría de Seguridad Pública federal– que ejercía durante la segunda fuga del Chapo (11 de julio de 2015) fue Monte Alejandro Rubido García, en ese momento comisionado Nacional de Seguridad.
Además, a él se le atribuyó su presunta responsabilidad en el “fallo” de las acciones de seguridad e inteligencia que derivaron en el anuncio de la muerte de Nazario Moreno González, “El Chayo”, líder de los Caballeros Templarios, en 2010, cuando el capo aún estaba vivo, acción que benefició la movilidad y operación del narcotraficante, abatido en definitiva en Michoacán marzo de 2014, en un operativo del Ejército y la Armada de México.
Tras el verdadero deceso, diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) –entonces no aliados del PRI y Acción Nacional– solicitaron al presidente Peña investigar la posible protección y “errores” de García Luna y Monte Alejandro Rubido en la falsa muerte del “Chayo”.
También leal al llamado “exsuperpolicía” durante la guerra iniciada en la administración de Calderón Hinojosa, Iván Reyes Arzate, su subordinado y conocido con el alias de “La Reina”, fue señalado por Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, exlugarteniente del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, de trabajar directamente para el narcotráfico.
Iván Reyes Arzte, otro “superpolicía”. Foto: Archivo.
“La Reina”, excomandante de la Policía Federal, fue condenado en febrero de 2022 a diez años de prisión, al confesar, en octubre previo, haber colaborado con los cárteles mientras “simulaba” el combate a los grupos criminales.
Él fue acusado –y aceptó culpabilidad, por lo cual podría obtener un criterio de oportunidad y testificar contra su exjefe– de proteger a una organización que en Estados Unidos se conoció como “Seguimiento 39”, una “de las más peligrosas y sofisticadas” para el trasiego de droga y el tráfico de armas cuya data es de 2007.
Formada por Alejandro Domínguez Ramírez Jr., un veterano del cuerpo de infantes de la Marina estadounidense condenado en 2022 a 16 años de cárcel, “Seguimiento 39” logró alianzas con los cárteles de Sinaloa –vinculados aún con los Beltrán Leyva–, del Golfo, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, de acuerdo con el Departamento de Justicia de EU.
Con base en la relatoría de su proceso que se llevó a cabo en el tribunal federal de San Diego, tras resultar herido en un accidente vehicular en el que fallecieron sus dos hijas de tres y cuatro años, Domínguez, mexicoamericano, dejó Estados Unidos y se estableció en Nuevo Laredo y ahí fue reclutado por Los Zetas, en un momento en el que eran el brazo armado del Cártel del Golfo, bajo las órdenes de Osiel Cárdenas Guillén. Dentro de la estructura de “la última letra” se le conoció como el Z-39.
Este marine afirmó que obtuvo la protección de mandos de seguridad de primer nivel en México, y que el contacto con el que establecían negociaciones era Iván Reyes Arzate. EU presume que información de Reyes Arzate permitió que en 2016 los Beltrán Leyva identificaran, torturaran y asesinaran a una fuente confidencial de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), con un supuesto cobro de 3 millones de dólares.
En el séquito de García Luna también se encontraba el excomisionado de la Policía Federal Víctor Gerardo Garay Cadena, contra quien se iniciaron procesos en México por supuesta protección a Ismael “El Mayo” Zambada y los hermanos Beltrán Leyva, usar testigos colaboradores para fabricación de casos, montajes y robo en cateos, especialmente un operativo fallido para detener a Mauricio Harold Poveda Ortega, “El Conejo”, narcotraficante colombiano proveedor de cocaína a los Beltrán Leyva.
Víctor Gerardo Garay Cadena. Supuesta protección a narcos. Foto: Archivo.
Ahí, acusaron tanto policías como detenidos, presuntamente sustrajo 500 mil dólares, joyas con valor de 100 mil dólares y un perro, además de supuestamente organizar una orgía con prostitutas que se encontraban en la residencia. Fue exonerado en 2012.
En el juicio Estados Unidos contra Genaro García Luna, la fiscalía mostró al primer testigo, “El Grande”, una imagen de la probable estructura organizacional a través de la cual el exsecretario de Seguridad Pública conspiró para el tráfico de cocaína y protegió al cártel de Sinaloa. Ahí, ante el juez Brian Cogan –mismo que sentenció al “Chapo”– mostró la fotografía de Garay Cadena. Cuando se la señalaron, “El Grande” lo llamó corrupto.
Villarreal Barragán, con esa radiografía como muestra, se refirió a otros exfuncionarios: “Espinoza de Benito trabajaba para ‘El Mayo’ y ‘El Chapo’ y Gómez Meza era director regional de la AFI y parte de su trabajo para el Cártel de Sinaloa era el de poner y quitar comandantes en toda la república sobre todo para los Beltrán Leyva”,
Francisco Javier Gómez Meza, nombrado por García Luna director de la cárcel de máxima seguridad Puente Grande, de donde “El Chapo” se había fugado en 2001, también fue detenido y acusado por la Procuraduría General de la República (hoy FGR) de recibir sobornos del narcotráfico, mientras que Armando Espinosa de Benito, fue jefe de la División de Investigaciones de la Policía Federal y, en 2012 fue acusado por Edgar Valdez Villareal, “La Barbie”, de estar coludido con el crimen organizado, en una carta dirigida al otrora presidente Calderón.
“Me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito, quien trabajaba con la DEA y me pasaba información, Luis Cárdenas Palomino, Édgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios, Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena reciben dinero de la delincuencia organizada y de mí”, acusó el capo en su misiva.
Miembros del grupo político y de seguridad de García Luna e igualmente referidos en el juicio por el primer testigo, “El Grande”, están Francisco Gómez Meza y Roberto Sánchez Alpízar, exfuncionarios de la AFI, así como Noé Ramírez, Miguel Colorado y Jorge Alberto Zavala, que fueron parte de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), desde donde, presuntamente, operaban en favor de los intereses de la organización de Sinaloa.
Otro alto mando fue Édgar Millán Gómez, quien como comisionado de la Policía Federal, era el tercero al mando en jerarquía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y fue asesinado a balazos la madrugada del 8 de mayo de 2008 en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México.
En conversaciones con EMEEQUIS –la entrevista “La fractura de cárteles que descarriló los planes de Genaro García Luna” y el Space en Twitter “El impacto más polémico de los últimos años”, Javier Herrera Valles, exjefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal y uno de los primeros en denunciar la posible implicación del “exsuperpolicía” del calderonismo, incluyó a más mandos que, desde el interior de las corporaciones durante la denominada “guerra contra el narcotráficos”, fueron identificados como incondicionales y miembros de alto rango de lo que él llamó “el cártel de García Luna”.
Facundo Rosas Rosas quedó en libertad. Foto: Archivo.
“Está Facundo Rosas Rosas (excomisionado de la Policía Federal que estuvo preso por homicidio culposo por un accidente de tránsito en enero de 2022, pero fue liberado en julio siguiente al conseguir un acuerdo reparatorio), y Porfirio Javier Sánchez Mendoza, que se mató; era secretario de Seguridad Pública en Aguascalientes, se mató hace poco (falleció en el desplome de un helicóptero y como miembro del grupo de García Luna fue jefe de Departamento de Investigación y subdirector de Investigación policial en la Agencia Federal de Investigación, además de director de Operaciones Encubiertas de la Policía Federal y director general de Tráfico y Contrabando).
“Está Osvaldo Luna Valderrabano, que fue jefe de Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva durante todo el sexenio. Él es tío de Gerardo García Luna. Esa es la generación que estaba más cercana a García Luna al inicio 2006, pero después se fueron sumando otras gentes como Omar García Harfuch. Toda esa gente que ya fue otra generación de subordinados se mantuvo en el siguiente sexenio, el de Peña Nieto”.
De los elementos que Herrera Valles ubica como miembros de lo que denomina “el cártel de García Luna”, Facundo Rosas Rosas fue secretario de Seguridad Pública en Puebla durante el gobierno de Rafael Moreno Valle. Durante su gestión fue acusado por supuesta protección a grupos dedicados a drenar las válvulas de Petróleos Mexicanos (Pemex) para hurtar combustible.
Facundo Rosas quedó en libertad en julio pasado, tras permanecer preso medio año. Fue exonerado por el caso “Rápido y Furioso“ y llegó a un acuerdo reparatorio con familiares de una mujer que murió al ser atropellada.
En octubre de 2020, Anabel Hernández reveló en Aristegui Noticias que García Harfuch fue sometido por lo menos en tres ocasiones al examen del polígrafo como parte de los procesos obligatorios aplicados por la Dirección General de Control de Confianza de la Policía Federal a la que perteneció. En diferentes ocasiones, a la pregunta: “¿Mantienes compromisos con la delincuencia organizada?”, García Harfuch habría registrado “reacciones significativas de falta de veracidad”, lo cual quedó asentado en actas.
Javier Herrera Valles aseguró que la “cantera” de García Luna sigue en los sistemas de procuración de justicia y seguridad a nivel federal, pero también en las corporaciones de los estados, sin referir más nombres debido a investigaciones en curso.
@axelchl
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