“Las masas tienen el legítimo derecho de tomar lo que les pertenece”, dice el grupo guerrillero en un comunicado, en el que aseguran que intereses burgueses "magnifican" el COVID-19. Es “gimnasia revolucionaria”, considera Jorge Lofredo, experto en movimientos armados.
EMEEQUIS.– Desde algún lugar del estado de Chiapas, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) ha emitido un nuevo comunicado en el que advierte que la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus ha terminado por dejar al descubierto el verdadero problema de fondo de país: la recesión económica.
Al mismo tiempo, el grupo subversivo reitera que los saqueos son un instrumento legítimo para que el pueblo tome lo que le pertenece y le ha sido arrebatado por quienes ostentan el poder y controlan los grandes capitales comerciales del país.
En su comunicado emitido el 19 de abril, el EPR señala que “si las riquezas que mantiene en su poder los monopolios las produce el pueblo con su trabajo, las masas tienen el legítimo e inalienable derecho de tomar lo que les pertenece, dondequiera que se encuentren atesoradas y centralizadas por los personeros del capital”.
EL COVID-19 SE HA “MAGNIFICADO”
En este contexto, el EPR considera que el COVID-19 constituye una situación real, pero que también ha sido sobredimensionado, ha sido “magnificado” para favorecer los intereses políticos y económicos de un régimen al que califica como “oprobioso”.
El EPR agrega que “en este contexto de agudización de la crisis económica y la imposición de medidas policíaco militares se hace necesario estrechar la unidad de clase, la solidaridad y el humanismo proletario; romper el terror que nos impone el Estado para enfrentar en unidad la violencia de clase y las vicisitudes de la crisis económica”.
Los eperristas visualizan la necesidad de combatir “las medidas político militares que nos imponen con organización de combate popular y garantizar por el medio y las formas que sean necesarias la subsistencia material y los intereses del pueblo”.
EMEEQUIS publicó este lunes el llamado y las consideraciones del EPR sobre los saqueos como medio para que la gente más necesitada se haga de toda clase de productos básicos.
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El grupo subversivo dio a conocer, el pasado 31 de marzo el número 199 de su órgano de propaganda denominado El Insurgente, en el que aborda en distintos textos el tema del COVID-19, lo que califica como manipulación de los medios de comunicación y del gobierno en torno a la pandemia y la validez de los saqueos para que el pueblo se apropie de lo que es legítimamente suyo y le ha sido arrebatado por las empresas del gran capital.
Este martes Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, emitió la declaratoria de Fase 3 de la epidemia de coronavirus. “Hoy queremos dar por iniciada la Fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles”, señaló en la conferencia matutina presidencial.
CUANTO PEOR, MEJOR
Acerca de este nuevo comunicado del EPR, el politólogo argentino Jorge Lofredo, cofundador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema), explica a EMEEQUIS que “el saqueo es un medio, nunca un fin en sí mismo, que puede integrarse a una estrategia revolucionaria mayor. Es un acto que interrumpe el momento de producción capitalista, lo desafía y a la vez genera la confianza de obtener una victoria popular”.
Lofredo, quien es experto en temas de guerrilla en Latinoamérica, detalla que el saqueo o la expropiación es un ejercicio o acto de “gimnasia revolucionaria”, y es por eso que el apoyo por parte de un grupo “revolucionario” a un tipo de acción como esta, que en sí misma no es revolucionaria, se debe a que puede enmarcarse dentro de un proceso político mayor, porque además sirve para generar caos y confusión en el statu quo capitalista.
De acuerdo con el politólogo, el eperrismo enfrenta en este momento un viejo dilema, un escenario que los movimientos de izquierda superaron hace años y que consiste en vivir la fase en la que “cuanto peor, mejor” para las aspiraciones revolucionarias.
Esto “simplifica la idea de que cuanto peor está el pueblo, más ansias sociales emergerán para emprender una aventura revolucionaria” y con esto se desnudaría “verdadera faceta” del estado burgués, “su vocación represiva”.
Además, dice, todo esto tiene mucho que ver con el deslinde que cada grupo político “revolucionario” procura respecto de cualquier política de tipo “reformista”, que hoy encarnaría Andrés Manuel López Obrador.
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Es por eso que los elementos del EPR insisten en el “legítimo e inalienable derecho” de las masas a apropiarse de mercancías almacenadas en los grandes centros de acopio y de “acaparamiento burgués”, dice Lofredo.
Por lo tanto, agrega, debe considerarse –justificada ideológicamente y, por lo tanto, siempre desde la subjetividad eperrista– como una acción “pre-revolucionaria”, como una “forma primitiva de violencia” encuadrada dentro del “derecho popular a la resistencia”.
Finalmente, el politólogo aclara que el EPR “sabe que las acciones de este tipo no son una respuesta a su llamado desde su periódico y comunicado digital, pero le sirve para medir el grado de inconformidad y, a la vez, de decisión que existe en algunos sectores de la sociedad para emprender acciones de este tipo”.
CRISIS DE FONDO
En su comunicado del 19 de abril, el EPR explica que lo que revelan el conjunto de acontecimientos económicos, políticos y sociales en la actual coyuntura de Emergencia Sanitaria nacional y las medidas tomadas por el Consejo General de Salubridad es la recesión de la economía mexicana.
Es cierto, dice el grupo guerrillero, que existe el COVID-19, “no obstante, el fenómeno ha sido magnificado para justificar intereses económico políticos eminentemente burgueses y de salvaguarda del actual régimen oprobioso. Las tasas de mortalidad más altas en el país no son por agentes ‘externos’ como el COVID-19, el lugar lo ocupan las víctimas de la violencia que engendra el régimen”.
Así, señala el EPR, las principales causas de muerte están asociadas a problemas y enfermedades curables relacionadas con la miseria material y humana, la precariedad económica y la desigualdad social; éstas se incrementan en los periodos de crisis.
“Cientos de miles mueren en nuestro país cada año por estas causas factibles de resolver”, agrega.
El Ejército Popular Revolucionario sostiene también que las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado por la violencia del Estado y la represión sistemática no han cesado. Lo que sucede, añade, es que “se ocultan con la campaña mediática que el régimen ha desplegado en alusión al COVID-19”.
Asegura además que el uso mediático de la nueva cepa de coronavirus “es parte del terrorismo de Estado (sic) en su variante psicológica, para distraer la atención del pueblo sobre la profundidad de la crisis, contener e inhibir la voluntad popular de combatir contra el régimen y evitar posibles brotes de descontento y protesta popular ante la magnitud de la crisis económica mundial, así como imponer mayores medidas fascistas que fortalecen al Estado policíaco militar”.
Así, las medidas tomadas en torno a la emergencia sanitaria fortalecen el “estado de derecho oligárquico” que avanza de manera acelerada hacia el fascismo, expresado en estados de excepción de facto, en la anulación de las garantías constitucionales, en la violación sistemática de derechos fundamentales y en la militarización de todas las instituciones públicas, sostiene el EPR.
@JorgeMedellin95
La conductora suma cuatro órdenes de aprehensión; tres de ellas fueron giradas por jueces de la Ciudad de México por el delito de defraudación fiscal y una más por lavado de dinero y delincuencia organizada. Esta última es por la que se le dictó prisión preventiva. En 2022 EMEEQUIS dio a conocer mensajes de WhatsApp en los que Gómez Mont hace referencia a las acusaciones.
“Cuando llegaron ya todo había terminado y únicamente buscaban resguardar o apoyar”, acusó el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, tras la balacera que cobró la vida de 9 personas, entre ellas dos policías.
