SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra jueces y magistrados por presunto abuso de autoridad al otorgar suspensiones a la reforma judicial. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo fueron quienes denunciaron el posible delito.
Los juzgadores, por su parte, denuncian que esto busca coaccionarlos y amedrentarlos dentro del sistema de acciones judiciales.
Presunto abuso de autoridad es el delito que jueces y magistrados enfrentan y por el cual la FGR abrió carpetas de investigación. Los juzgadores que están siendo investigados son aquellos que otorgaron una suspensión a la reforma al Poder Judicial.
Quienes denunciaron el supuesto delito fueron el Poder Legislativo y Ejecutivo. De acuerdo con El Universal, mediante un correo electrónico, la Fiscalía solicitó a los impartidores de justicia copias de los expedientes relacionados con las suspensiones que otorgaron y les notificaron sobre la investigación a la que están sujetos.
“La FGR está pidiendo a los jueces copias de los expedientes… Supuestamente hay una denuncia por la probable comisión de un delito, entonces es una forma de presión. Prácticamente están diciendo que van contra nosotros”.
Además, el medio informó que los jueces y magistrados consideran estas medidas como intentos de coacción y amedrentamiento, características propias de regímenes autoritarios y autocráticos.
Señalan que se utilizan estas tácticas porque aún existen personas juzgadoras incómodas para el sistema.
EL PROBLEMA SERÁ EN 2025
Jueces y magistrados explican que, para proceder con una consignación penal en su contra, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) debe desaforarlos debido a su fuero orgánico; sin esto, solo se pueden integrar carpetas de investigación, no consignarlas. Sin embargo, se prevén problemas en 2025, cuando los nuevos jueces ingresen mediante votación electoral.
“Según es un delito de abuso de autoridad, pero no pudiera ser real. Evidentemente, el Ministerio Público te puede consignar, pero será el juez penal el que defina y ahorita los jueces penales que están son de carrera judicial y no va a haber alguno que emita una orden de aprehensión porque no se configura. El problema va a ser en 2025”, alertan los entrevistados.
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Agregan: “Entonces, por ejemplo, si hay una carpeta de investigación y hoy le piden al juez la orden, el juez va a decir no, porque no se tiene el desafuero, y si va al Consejo le va decir que no, porque eso no es delito, pero justamente en 2025 la mitad de los jueces van a ser nuevos… Entonces, ahí va a empezar la persecución política”.
Será en 2025 cuando el Tribunal de Disciplina sustituya al CJF que se considere ilegal la admisión de estos amparos, aunque actualmente el CJF sostiene que no son motivo de sanción. Se calcula que existen más de 170 suspensiones y que entre 20 y 30 jueces podrían haber admitido múltiples amparos.
QUEJAS POR DISCIPLINA
Además de la denuncia, se han presentado quejas administrativas disciplinarias ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a través de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que forma parte de la Comisión de Vigilancia. Esta unidad realiza una auditoría para determinar si se incurrió en alguna falta.
De tratarse de una falta grave, podría llegar hasta la destitución. Además, se señala que la Comisión de Vigilancia está integrada por tres consejeros con vínculos directos con la 4T.
Por ello, los jueces han solicitado medidas cautelares ante las Relatorías de Naciones Unidas para que exhorten al Estado mexicano a cesar las persecuciones ya respetar la independencia judicial.
YA LO HABÍA ADELANTADO GODOY
Ernestina Godoy, consejera Jurídica de la Presidencia, ya había anunciado que se procedería en contra de los juzgadores que otorgarían suspensiones a la reforma al Poder Judicial. El pasado 18 de octubre, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el gobierno federal presentaría denuncias ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra jueces que otorgaron amparos en contra de la reforma judicial.
Además, Godoy indicó que la suspensión ordenada por una jueza para eliminar el decreto de la Reforma Judicial era improcedente por lo siguiente:
- Es facultad soberana del Constituyente permanente exenta de revisión judicial, establecida en el artículo 135, que dice que puede ser adicionada o reformada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales.
- No existe en el sistema jurídico una disposición constitucional o legal que otorgue al Poder Judicial o cualquier otro ente facultad para cuestionar, revisar o anular la labor del órgano revisor de la constitución.
- Un juzgador no se puede autofacultar para someter a revisión jurisdiccional una reforma constitucional.
@emeequis
