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El Plan B de AMLO se disfrazará de legal: ¿lo permitirá la Corte?

Ante las puertas cerradas de la Reforma Electoral, AMLO se sale por la tangente: “Estoy a punto de enviar la iniciativa de reforma legal”. Si hay controversias, las tendría que resolver la Suprema Corte, admite. Estas son las alternativas que tiene para reformar las elecciones.

Por Emequis
11 / 22 / 22

EMEEQUIS.– AMLO no sólo ha admitido que su coalición no reúne los votos para lograr la aprobación de su proyecto inicial de Reforma Electoral, que tenía alcances constitucionales. También acepta que su “Plan B” podría terminar por declararse  inconstitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

“Estoy a punto de enviar la iniciativa de reforma legal, pero eso ya lo van a atender en el Poder Legislativo y si se requiere en el Poder Judicial si hay alguna controversia constitucional o se declara inconstitucional en el caso de que se apruebe la ley, pero eso ya correspondería a la Suprema Corte”, dijo hoy en sus presentación matutina.

No obstante, el proyecto alterno, centrado en reformas a leyes secundarias, está en marcha, y según dijo ayer, su mayoría procesará dicho proyecto a toda costa: “Ya se pusieron de acuerdo y no va a haber reforma constitucional, o va a ser muy difícil que se logre, aunque, bueno, hasta las piedras cambian de modo de parecer. Pero si no hay esa reforma constitucional va a haber una reforma legal”.

El corazón de la propuesta alterna, según el borrador que se adelantó ayer en medios de comunicación, consiste en el ajuste de la fórmula de asignación de legisladores plurinominales, para reducir lo más posible su número.

En contraste, la propuesta inicial del Ejecutivo planteaba suprimir los legisladores de mayoría relativa en su totalidad y reemplazarlos por una elección absoluta a través de la representación proporcional.

En cuanto al ámbito electoral, el “Plan B” busca recortar más aún el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE), peor sobre todo quitar a la autoridad electoral la capacidad para sancionar a legisladores por efectuar campañas proselitistas fuera de los periodos legales; y en una pista paralela, el obradorismo se plantea reservarse el derecho de proponer tres de las cuatro cartas para la renovación de consejeros que se verificará en abril. 

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“Estoy a punto de enviar la iniciativa de reformal legal”.

EL BORRADOR

Como lo adelantó EMEEQUIS cuando fue anunciado el Plan B, el 15 de noviembre, la única rendija que le quedaba a AMLO para meter mano al andamiaje legal electoral por la vía de modificar leyes secundarias, eran las fórmulas de asignación de plurinominales:

“El único margen que deja (la Constitución) es el establecimiento de las circunscripciones, y las fórmulas para estimar los porcentajes de asignación en cuanto al techo de representación, que es de 300 diputados y 8% por encima de la votación nacional emitida”.

Pero AMLO ha ido un poco más allá. El borrador filtrado a la prensa ayer, prevé sustituir la figura de resto mayor por la de primera minoría para la asignación de las diputaciones plurinominales y reducir el porcentaje de participación para que las consultas ciudadanas sean vinculantes, así como obligar a la instalación del mismo número de casillas que el instalado en un proceso ordinario.

De esta manera, los partidos que queden en segundo lugar, ya sea por circunscripción o por estado, podrán ampliar su representación, sin importar si ese mismo partido ha obtenido la mayoría.   

MÁS RECORTES AL INE Y MÁS CONSEJEROS PARA MORENA

Por lo que respecta al tema electoral, el borrador del Plan B prevé quitar al INE la facultad de sancionar a legisladores por realizar pronunciamientos proselitistas, como por ejemplo, la famosa carta de apoyo a AMLO que senadores firmaron durante el proceso de revocación de mandato:

“Durante los tiempos de campañas electorales federales y locales, las opiniones públicas que manifiesten los diputados y senadores en el desempeño de sus cargos no serán consideradas propaganda”.

También busca reducir el porcentaje de votación requerida para que los procesos de consulta de revocación de mandato sean vinculantes, plantea que las instalaciones del INE podrán ser utilizadas para la promoción y discusión de la consulta popular y que la autoridad electoral deberá garantizar la misma cantidad de casillas a instalar en la consulta popular que en un proceso electoral ordinario.

E incluye la propuesta para castigar la compra de votos, no sólo a quien compra, sino también a quien vende: “Actualizar las sanciones a quienes comprometan su voto en favor de un determinado partido político o candidato a cambio de paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa y a quienes organicen reuniones o medios de transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto”.

Al respecto, AMLO dijo hoy que uno de los propósitos alcanzables de su Plan B es justamente ampliar los recortes al gasto del INE, porque, según dijo, “es ofensivo que ganen 400 mil pesos mensuales los consejeros”.

De acuerdo con el tabasqueño, su plan alterno combatirá “la compra del voto”, que ha condenado desde su propia elección: Dijo: “Y eso lo podemos lograr con la ley sin la reforma a la Constitución. Porque eso está en la Constitución, pero no está detallado en la ley secundaria como debe de ser”.

Lo cierto es que el tema más acuciante para los legisladores es la renovación de consejeros del INE. Morena busca imponerse en 3 de los 4 asientos que corresponden al Poder Legislativo, y que se renovarán en abril, según anunció esa bancada. El diputado Hamlet García Almaguer comentó el viernes que “en circunstancias ordinarias un partido hace valer su mayoría”, y es justo lo que harán los morenistas, anunció. 

@emeequis 

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