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El futuro de Mancera está en la mira de los acusados por el desplome de la Línea 12

La mitad de los 10 imputados como responsables culposos de la tragedia del 3 de mayo pasado aplicarán una máxima de la guerra: la mejor defensa es un buen ataque. Y buscarán que la sanción se redirija hacia el exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Por Emequis
10 / 19 / 21

EMEEQUIS.– La acusación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra 10 personas físicas y morales por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad por el desplome de la Línea 12 del Metro ha dejado a un inesperado daño colateral: Miguel Ángel Mancera.

El abogado de cinco de los diez imputados, el penalista Gabriel Regino, anunció que la estrategia para defender a sus clientes incluye un ataque frontal el exjefe de Gobierno, a quien acusará penalmente de ser el verdadero responsable de la tragedia del 3 de mayo de este año.

“¿Quiénes sí tienen responsabilidad (en el desplome de la también llamada Línea Dorada del Metro)? Veamos, la primera denuncia que vamos a presentar conjuntamente el Colectivo por la Seguridad del Metro y Regino Abogados es contra Miguel Ángel Mancera Espinosa”, anunció en una entrevista de radio la tarde del lunes.

El abogado penalista buscará convencer al Poder Judicial de que es falso que la caída del vagón entre las estaciones Olivo y Tezonco haya sido causado exclusivamente por problemas con los pernos, como informó la fiscalía capitalina.

En cambio, acusó que Miguel Ángel Mancera, siendo jefe de Gobierno, ignoró un estudio del despacho constructor Colinas de Buen que le notificó del grave riesgo que presentaba la vía elevada de la Línea 12 por una sobrecarga que no fue corregida por falta de mantenimiento en la administración anterior, pese a encontrarse en una zona sísmica.

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Además de la denuncia penal contra el hoy senador perredista, adelantó que vendrán otras denuncias para más funcionarios de alto nivel, que incluyen a dos directores del Metro –Jorge Gaviño (2015-2018) y Jorge Javier Jiménez Alcázar (2018)– y posiblemente contra Florencia Serranía, amiga de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y titular del Metro cuando ocurrió la muerte de 26 pasajeros. 

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Hasta el momento, no se conoce cuáles serán los delitos específicos que el Colectivo por la Seguridad del Metro y el despacho Regino Abogados imputen a esos funcionarios.

UN VIEJO CONOCIDO EN EL GOBIERNO

Gabriel Regino es un viejo conocido en el gobierno capitalino por ser exfuncionario en la administración de Andrés Manuel López Obrador: fue subsecretario de Seguridad Pública con indicativo “Jefe Tigre” bajo las órdenes del entonces jefe de la policía capitalina y hoy canciller Marcelo Ebrard, quien inauguró la Línea 12 del Metro.

Tras su paso por el servicio público, Gabriel Regino se dedicó a su despacho de especialistas penales, quienes son reconocidos en la capital mexicana como uno de los mejores en la materia.

Regino y su grupo de abogados al anunciar el contraataque legal. Foto: Facebook.

Esta semana llamó a una conferencia de prensa para anunciar que será el abogado defensor del exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, y cuatro más de los imputados, entre ellos, Juan Antonio Giral y Mazón, exdirector de Diseño de Obras Civiles; Moisés Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras Civiles; Héctor Rosas Troncoso, exsubdirector de Obra Civil; Enrique Baker Díaz, exsubdirector de Estructuras e Ingeniería; Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, exdirector responsable de la obra para la construcción de la Línea 12. 

También están acusados Ricardo Pérez Ruiz, exencargado de Estructuras Corresponsables de Seguridad  Estructural; Juan Carlos Ramos Alvarado, exresidente de obra en el tramo Olivos-Tezonco; Fernando Amezcua Ordaz, exdirector general de Supervisión de Obra y representante legal de las empresas Lytsa, Iacsa y Einsa; y Fernando Ramiro Lalana, exdirector de Coordinación de Supervisión de Obra. 

La audiencia inicial sobre el caso contra los diez exfuncionarios del Proyecto Metro señalados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se llevará a cabo este próximo 25 de octubre. 

En caso de no acudir a comparecer, los imputados podrían ser sancionados con una amonestación verbal, una multa económica o, en el peor de los casos, una orden de comparecencia judicial a través de la fuerza pública o su aprehensión bajo la modalidad de prisión preventiva oficiosa ante un eventual riesgo de fuga.

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