SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– Rodolfo Castro Valdez, jefe de la oficina del Gabinete de Alfonso Durazo en Sonora, renunció al cargo tras ser vinculado a proceso en Baja California por posible uso ilícito de atribuciones y facultades, cuando fue secretario de Hacienda en la administración del morenista Jaime Bonilla Valdez.
Esto forma parte de una investigación de la Fiscalía General de ese estado por presunto quebranto al erario mediante la asignación de un contrato millonario para una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali.
El gobernador Alfonso Durazo dijo en rueda de prensa que hace un par de semanas Castro le solicitó una licencia sin goce de sueldo, para dedicarse por completo a este problema jurídico que tiene en Baja California, actualmente gobernada por la morenista Marina del Pilar Ávila.
Sin embargo, este martes se hizo a un lado por completo.
EL CASO
Castro fue vinculado junto con cinco funcionarios más y un particular, después de que el juez de control Bernardo Ahumada encontrara elementos de posible participación de Castro y sus correligionarios en el presunto daño al patrimonio estatal a través del contrato otorgado a la empresa Next Energy, que, con base en la imputación, no contaba con estudio de viabilidad financiera.
Hasta el momento, el monto del presunto desfalco es de 123 millones de pesos, que deriva de un compromiso financiero que hizo el gobierno de Baja California con la compañía y que la actual administración debió cubrir de forma obligada por supuestos trabajos ya realizados.
Lo anterior, según expuso el juez del caso, fue a consecuencia de que el acuerdo del estado, que validó el gobierno anterior, era cubrir a partir de enero de 2022 conceptos de obra ejecutados por Next Energy, lo que forzó al primer pago de los 123 millones, que se encuentran en un fideicomiso irrevocable en Banca Afirme.
Sin embargo, los compromisos ya adquiridos podrían alcanzar los 11 mil millones de pesos, según las estimaciones de gastos de lo que, supuestamente, la empresa ya ha erogado. Además, en la audiencia y su continuación se alertó de que el monto pudo alcanzar hasta los 40 mil millones de pesos, si la obra –por la que estaba blindada la empresa mediante el contrato– no se hubiera detenido.
Esta construcción de la planta fotovoltaica, que, con base en su proyecto original, estaría ubicada en Mexicali y suministraría energía al acueducto Río Colorado-Tijuana, fue cancelada en mayo pasado, pero la firma a cargo demanda, mediante facturas con las que ampara los trabajos que afirma ha realizado, reclama los 11 mil millones de pesos.
Entre las irregularidades detectadas, que derivaron en la judicialización del caso, está que no había estudio de viabilidad financiera, pese a que la ley lo obliga por el alto costo que implicaba la obra.
En su defensa, los exfuncionarios pretendieron argumentar que no actuaron de manera dolosa ni organizada para generar un perjuicio, sino que se limitaron a seguir órdenes del Congreso estatal, que aprobó la asignación de un contrato plurianual, y también del gobierno para el que laboraban.
En el cierre de la audiencia inicial, el juez absolvió al exsecretario general de Gobierno Amador Rodríguez Lozano, el más cercano al exmandatario Jaime Bonilla, y vinculó a proceso por posible uso indebido de atribuciones y facultades a Rodolfo Castro Valdez y Adalberto González Higuera, ambos exsecretarios de Hacienda en el pasado sexenio.
Asimismo, a Karen Postlethwaite, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT); Salomón Faz Apodaca, que estuvo a cargo de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA), Marco Octavio Hilton, exoficial mayor, y Tulio Pani Vano, representante legal de la empresa.
Además, por el delito de peculado igualmente vinculó a Israel Clemente González, también exoficial mayor en el sexenio bonillista, pero absolvió a Tulio Pani.
El propio exmandatario Jaime Bonilla está incluido en la carpeta de investigación, pero está protegido por el fuero con el que cuenta al ser senador, cargo que concluye en 2024.
El juez de control estableció dos meses para la investigación complementario, en el que los presuntos deberán cumplir con la medida cautelar de firma periódica ante el juzgado, aunque la parte acusadora pedía la prisión preventiva al argumentar un posible riesgo de evasión.
¿QUIÉN ES CASTRO VALDEZ?
Rodolfo Castro fue nombrado jefe del gabinete del también morenista Alfonso Durazo, en Sonora, en septiembre del año anterior. Opositores y sectores sociales reclamaron la posible protección mientras enfrenta un proceso penal.
Castro, a nivel estatal, fue director general de Administración del Congreso de Baja California, coordinador general del Gabinete y luego Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Baja California.
También fundó la empresa INTELINOVA Consulting. A nivel federal fue subdirector de Servicios y Administración en la Secretaría de Hacienda, coordinador de administración y director de Servicios Urbanos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y coordinador de Servicios Generales en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
@axelchl
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