Cinco compañías de subcontratación de personal operaron de manera organizada para obtener generosos contratos de la Secretaría de Economía, la Cancillería, ProMéxico… Autoridades las tienen en la mira.
El gobierno de Enrique Peña Nieto favoreció a cinco empresas de outsourcing, las cuales facturaron más de mil 600 millones de pesos con diversas dependencias federales.
De acuerdo con una revisión de los contratos publicados en Compranet y el Portal de Obligaciones y Transparencia, estas compañías administraron los recursos humanos de la Secretaría de Economía, cuando estaba a cargo de Ildefonso Guajardo Villarreal. También obtuvieron recursos de la Cancillería encabezada por Claudia Ruiz Massieu y del extinto ProMéxico.
El bloque de empresas brindaron servicios en los desaparecidos Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y el Consejo de Promoción de Turística de México (CPTM), así como en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Exportadora de Sal y Pronósticos para la Asistencia Pública.
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Hasta el personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), un organismo que el exprocurador Jesús Murillo Karam ofreció profesionalizar, dada la crispación en el país, estuvo bajo la administración de esas empresas, en momentos en que la tragedia de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, se volvió el problema más apremiante en el ámbito de los derechos humanos. De 2015 a 2016, pagó 66 millones 275 mil 369 pesos por tres contratos.
El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) firmó tres convenios entre 2014 y 2018 para contratación de personal para tareas diversas por 190 millones 689 mil 655 pesos con estas empresas. Se trata de un organismo desaparecido en junio pasado, según aprobó el Senado de la República después de una iniciativa del jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Pero también es una instancia donde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investiga un desvío de dinero, según informó su titular, Santiago Nieto Castillo.
Así, se llevaron entre todas mil 617 millones 770 mil 81 pesos, una cantidad que habría alcanzado para pagar más de la mitad de uno de los derechos de los trabajadores mexicanos: el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), a través del programa Apoyo a la Vivienda que en 2017 fue de 2 mil 168 millones de pesos.
OPERABAN EN BLOQUE
Siempre en bloque en los procesos, SITAH Soluciones Inteligentes con Talento Humano, Negocios Universal TD2, Soluciones Corporativas Integrales (Scoi), Negocios Optimus Jumace y Ovalo CP ofertaban porcentajes de comisión menores a las de sus competidores.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) conoció esas irregularidades cuando revisó a ProMéxico, en la cuenta pública de 2018, pues entre 2013 y 2016 contrató a parte de su personal mediante estos servicios, por 234 millones 999 mil 999 pesos. De modo que el órgano fiscalizador reportó: “(Ello) denota posibles prácticas monopólicas, considerando que los porcentajes de comisión ofertados por las empresas, del 0.001% al 0.01% resultan significativamente menores…”.
La ASF expuso en su informe que esas empresas reportaron pérdidas en sus declaraciones fiscales de 2015 a 2018, por lo que presumió de comisión de ilícitos ante el Sistema de Administración Tributaria. Además, al 30 de abril de 2019, TD2 y SITAH tenían fincados 155 y 62 créditos fiscales por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social, por 120 millones 957 mil 600 pesos y 51 millones 597 mil 400 pesos.
Según información del Instituto Mexicano del Seguro Social a la Auditoría, esas dos empresas no pagaron por completo las cuotas obrero-patronales mensuales por riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, por 4 millones 576 mil 800 pesos.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA: 577 MDP
Es 4 de enero de 2017 y Claudia Ruiz Massieu le está agradeciendo a los trabajadores de la SRE, incluso a los contratados por “outsourcing”, que le ayudaron mientras estuvo a cargo de la política exterior de México en ese momento de crisis.
En 2016, cuando la sombra de Trump se asomó sobre México, la Cancillería bajo su cargo recurrió a servicios especializados externos para administrar los recursos humanos en varias de sus áreas. Gastó 110 millones 200 mil pesos, una de sus erogaciones más altas durante el gobierno de Peña Nieto. El procedimiento se otorgó de manera directa.
Esas contrataciones con Ruiz Massieu se hicieron con empresas apenas formadas entre 2013 y 2014, finanzas insolventes, incumplimiento de pagos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cambios de nombre frecuentes. Con una operación organizada, lograron ganar más de mil 600 millones de pesos del gobierno mexicano en menos de tres años con la administración de los recursos humanos en la burocracia mexicana.
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La mayor cantidad que obtuvo esta sinergia de empresas fue con la Secretaría de Economía, encabezada por Ildefonso Guajardo, por 577 millones 821 mil 304 pesos, por contratos firmados entre 2014 y 2016, sólo en ciertas áreas. En otras palabras, 35.7 por ciento del total ganado.
Hace unas semanas, la Secretaría del Trabajo informó que las empresas de outsourcing crecieron 40% durante la administración anterior.
INHABILITADAS… POR TRES MESES
SITAH fue constituida en 2015, Negocios Optimus Jumace en 2014 y SCOI Soluciones Corporativas Integrales se transformó de sociedad civil a sociedad anónima en 2013, Negocios Universal TD2 y Ovalo CP son más antiguas; la primera obtuvo su registro en 2008 y la otra, en 2007. Ninguna cuenta con una página pública. Sus directivas, así como el nombre de sus fundadores no son datos que estén dispuestas a publicar.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto, el crecimiento en beneficios de este consorcio fue exponencial. Si en 2013 obtuvo un contrato por 75 millones de pesos, el siguiente año, consiguió 265 millones 595 mil 702 pesos. En 2015, ganó 311 millones 853 mil 582 pesos y en 2016, la cifra fue de 920 millones 39 mil 548 pesos.
2017 y 2018 no fueron tan buenos. En el primer año se llevaron 925 mil pesos y en el otro, 44 millones 356 mil 248 pesos.
Pero fueron los contratos que hizo en el extinto ProMéxico y por los cuales, la ASF detectó la operación organizada, que le pusieron fin a la historia de “el bloque del outsourcing”.
Acaso sólo sea por un tiempo. En junio, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), SITAH Soluciones Inteligentes con Talento Humano y Negocios Universal TD2 fueron inhabilitadas por la Secretaría de la Función por tres meses. Así que pronto podrían volver a participar en licitaciones públicas.
@Linaloe_RF
Los problemas para abrir una empresa persisten en este municipio, uno de los más ricos del país y a casi dos décadas de la instalación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y otros mecanismos de mejora regulatoria.
El tema de la renuncia de las “corcholatas” divide a los aspirantes: ayer Claudia Sheinbaum cerró la puerta a esa posibilidad y esta mañana Ricardo Monreal manifestó estar de acuerdo con la propuesta de Marcelo Ebrard, que viene planteando desde diciembre. Esta tarde el canciller anunciará su propuesta de método de encuesta.
