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EMEEQUIS.– Los principales responsables de las desapariciones forzadas que ocurren en México son el crimen organizado y el Estado, en tanto participen funcionarios públicos en el creciente número de casos que se han identificados, afirma el Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.
El gobierno mexicano permite que se puedan cometer desapariciones forzadas en el país, no sólo con la participación de servidores públicos, también con la negativa de brindar información, la sustracción de la personas en la protección de la ley, así como evitar poner a los responsables en la justicia ni hacer las investigaciones pertinentes para cada caso.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU presentó un informe realizado conforme a la visita en noviembre de 2021 a 13 entidades del país y tras sostener más de 150 reuniones con autoridades, colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil en el tema de desapariciones en México.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas han ocurrido 8 mil casos anualmente desde los últimos cinco años, hasta llegar a una cifra superior a las 98 mil 300 personas desaparecidas en México.
La ONU refiere que la Sedena y la Guardia Nacional han sido algunos de los organismos principales que están relacionados a la violación de derechos humanos en el país. Refieren preocupación en la política de militarización y solicitan hacer modificaciones retirando a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública.
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Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité, señaló: “La Comisión Nacional de Derechos Humanos revela 162 casos o recomendaciones formuladas a la Secretaría de Defensa y a la Secretaría de Marina y 15 de estos casos estarían relacionados con desapariciones forzadas.
“Es importante que el estado ponga un peso especial en tener una Guardia Nacional Civil, de personal preparado para prevenir, brindar seguridad a los ciudadanos. Hemos recomendado que el Estado haga de inmediato un cambio en la política de militarización“, refirió en conferencia de prensa la representante en México del organismo internacional.
ESTADO RESPONSABLE DE LA CRISIS FORENSE
La ONU señaló que la crisis forense que vive el país en la que 52 mil cuerpos se han quedado sin identificar, es responsabilidad de las autoridades mexicanas. Esto ha forzado a familiares a salir a buscar en fosas y seguirá ocurriendo, en tanto no se produzcan los recursos necesarios para dar identificación a los cuerpos sin nombre.
“Hemos señalado la incapacidad de responder a las inmensas necesidades que existen en materia de identificación de cuerpos. Se agrava sobre todo por las deficiencias del sistema de registros, la información suele ser incompleta, está desactualizada y carece de datos relevantes”, refirió Carmen Rosa Villa Quintana, quien afirmó que, además, varios de los registros no han sido entregados por la Fiscalía General de la República.
Elementos de la Guardia Nacional, de Marina y la policía municipal de Benito Juárez realizaron recorrido de vigilancia por la zona de discos de este destino turístico. Foto: Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro.com.
CENTROS DE IDENTIFICACIÓN
El organismo internacional mostró entusiasmo con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en tener un mecanismo extraordinario de identificación mediante la creación del Centro Nacional de Identificación Humana en el que participen familiares de víctimas y personas expertas. Esta propuesta se dio a conocer el pasado 31 de marzo y fue turnada a los legisladores.
La ONU refiere que se necesitan centros regionales de identificación humana, como los que ya existen en Coahuila y San Luis Potosí. Pero además, refieren que para su funcionamiento requieren de independencia operacional, recursos suficientes, capacitación de personal, registros digitales y cumplimiento de los protocolos que permitirán avanzar y lograr la identificación forense.
CONFLICTOS INSTITUCIONALES CON LA FGR
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU refirió que existen notables conflictos institucionales que retrasan e impiden el trabajo por resolver las desapariciones ocurridas en México.
Afirmaron que perciben un conflicto institucional entre la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda ya que, al parecer, hay una “comprensión desvirtuada de la autonomía de la fiscalía”, que se refleja en inobservancia de competencias compartidas y falta de mecanismos de colaboración e intercambio de información.
“Hay deficiencias en la Fiscalía con las autoridades. La importancia de definir estrategias completas sobre todo que es necesaria la coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, porque la búsqueda y la investigación están directamente relacionadas”, mencionó la representante en México.
La ONU refiere retraso en la actuación de la FGR para implementar de diversos instrumentos o seguimiento de registros en la política contra desapariciones en México, ya que “a pesar de que estar cuatro años promulgada la Ley (General en Materia de de Desaparición Forzada) aún no ha sido posible que existan o se desarrollen por la Fiscalía General”; entre ellos un registro de fosas en todo el país.
Afirman que sólo “tener 36 sentencias por casos de desapariciones forzadas, muestra que se tiene que hacer un trabajo de fondo” para identificar a los perpetradores y poner en la justicia a los responsables, además de implementar políticas de prevención.
@GloriaPE_
