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EMEEQUIS.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la Organización de las Naciones Unidas respecto al informe presentado por su relatora especial, Margaret Satterthwaite, en donde se advierten riesgos sobre la independencia del Poder Judicial.
“¿Cómo va a opinar de nuestro país si de acuerdo a nuestras leyes somos un país independiente? De conformidad con la Constitución, los poderes legalmente constituidos pueden llevar a cabo reformas, ¿para qué entonces el Poder Legislativo y qué validez tiene o no nuestra Constitución? ¿Por qué se meten?”, alegó el presidente durante su conferencia matutina de este viernes.
El mandatario afirmó que no va a responder a la carta de la relatora de la ONU, señalando ineficiencia y diplomacia improductiva por parte del organismo internacional. Afirmó que la aplicación de una reforma corresponde sólo a México como un país independiente, por lo que acusó intervención de la ONU.
“El Ejecutivo puede presentar iniciativas de ley para reformar la Constitución (…) Entonces si nosotros enviamos una iniciativa para que jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial los elija el pueblo y se envía de conformidad con los procedimientos legales del Poder Legislativo, pues el Poder Legislativo va a resolver, ¿Dónde está lo inconstitucional, dónde está lo ilegal?”, cuestionó en conferencia de prensa.
En el escrito, la relatora Satterthwaite estableció que la iniciativa de reforma al Poder Judicial impactará directamente en el funcionamiento de la judicatura respecto a someter a elección popular a los jueces, magistrados y ministros. “Podría fácilmente suponerse a los méritos objetivos de un candidato”, menciona el informe de la ONU.
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Los señalamientos hacia la reforma fueron expuestos este jueves mediante una carta pública, en los que se señala además que no se establecen mecanismos independientes para verificar si los candidatos cumplen requisitos de formación, aptitud e integridad.
“La elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campaña con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”, expone la misiva.
