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EMEEQUIS.– La iniciativa que busca aumentar multas a quien emita “injurias” al presidente de la República, así como a otros funcionarios públicos, incluida la jefa de Gobierno, generó rechazo en todos los niveles: incluido el presidente.
Hasta Ricardo Monreal, una voz crítica dentro de la 4T, coincidió con el mandatario y consideró un exceso la medida impulsada por la diputada morenista Bennelly Jocabeth Hernández y que ayer avanzó en comisiones.
Andrés Manuel López Obrador descartó apoyar la iniciativa presentada por diputados de Morena para cuadruplicar las multas a quien emita “injurias” en contra del presidente.
En conferencia matutina, el mandatario afirmó que vetará el dictamen aprobado ayer en comisiones de la Cámara de Diputados, que plantea modificar la Ley sobre Delitos de Imprenta para elevar castigos por “injurias”. Argumentó que él se encuentra a favor de la libertad de expresión.
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“Me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso, no lo necesito, lo voy a vetar. No, libertad de expresión”, expresó este miércoles en Palacio Nacional.
El presidente asegura que la iniciativa lo tomó por sorpresa.
Esta iniciativa, presentada por la diputada morenista, Bennelly Jocabeth Hernández, fue aprobada este martes por la Comisión de Gobernación y Población, que encabeza el priísta Alejandro Moreno, la cual busca modificar el artículo 33 de la Ley sobre Delitos de Imprenta.
Se plantea incluir sanciones de seis meses a un año y medio de prisión, y una multa equivalente a 5 (518 pesos) a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA) (4 mil 149 pesos), a quien emita “injurias” al presidente de la República en el acto de ejercer sus funciones, así como a otros funcionarios público incluida la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Lo que actualmente contempla el Artículo 33 son ataques contra el orden y la paz pública a toda manifestación “maliciosa” exhibida públicamente que desprestigie, ridiculice o destruya las instituciones fundamentales del país. Estas pueden ser a través de discursos, gritos, cantos o amenazas, así como materiales escritos, de imprenta, dibujos, fotografías, productos cinematográficos o grabados.
Las sanciones existentes van de los 100 a mil pesos; sin embargo la nueva propuesta busca que se cuantifiquen y aumenten con base en Unidades de Medida Actualizadas.
La votación pasó fácil en la Comisión de Gobernación.
SENADO VA CONTRA DICTAMEN
Al respecto de la nueva iniciativa para aumentar las sanciones por “injurias” contra el presidente, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, lo reconoció como un dictamen excesivo.
El líder de Morena en el Senado escribió esta mañana en sus redes sociales que el dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados “es un error estratégico y político, además de un exceso”.
Recalcó que conversó la propuesta con senadores y senadoras de Morena y se coincidió en que las modificaciones no deben transitar, aunque dijo, “hay libertad”.
¿HABÍAN SIDO ELIMINADOS DELITOS DE IMPRENTA?
En noviembre de 2020 la Cámara de Diputados habría abrogado la Ley Sobre Delitos de Imprenta, conocida como la “ley mordaza”.
De acuerdo con el comunicado de prensa 5446, se anuncia la aprobación con 470 votos a favor del dictamen elaborado por la Comisión de Gobernación y Población, para abrogar la Ley sobre Delitos de Imprenta que había sido publicada en el Diario Oficial de la Federación en abril de 1917.
Con eso, desde hace casi tres años se votó a favor por invalidar las disposiciones que, en su momento, se declararon como “contrarias al ejercicio de la libertad de expresión”.
El diputado de Morena, Jaime Humberto Pérez, fundamentó el dictamen al afirmar que se lucha por la libertad de expresión y reivindicar el derecho a informar. Además de que la “Ley Mordaza”, contraviene con los estándares internacionales por el uso punitivo del Estado en contra de los periodistas.
En su momento la propuesta quedó congelada tras ser enviada al Senado de la República para efectos constitucionales. Se espera, desde hace tres años, que senadoras y senadores dictaminen la minuta.
EL CASO VERACRUZ
En febrero del año pasado se revivió la polémica por delinear el delito de “ultrajes a la autoridad” en el estado de Veracruz.
El gobernador Cuitláhuac García anunció que en el Código Penal de la entidad habría una “corrección de estilo” para cambiar el nombre de la figura delictiva de “ultrajes a la autoridad” para no eliminarla. Esto después de que el delito fuera declarado como inconstitucional por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación.
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Esta conducta se había incorporado como un delito en el Código Penal de Veracruz el 11 de marzo de 2021, después de que 34 legisladores en su mayoría de Morena, votaran a favor de tipificar los “ultrajes a la autoridad”.
Esta iniciativa había sido enviada un mes antes por el gobernador Cuitláhuac García y al día siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial del Estado se detuvo a Rogelio Franco Castán, exsecretario de Gobierno durante la gestión Miguel Ángel Yunes, por haber cometido supuestos “ultrajes a la autoridad”.
Un año después, el 28 de febrero de 2022 la Suprema Corte de Justicia invalidó el tipo penal de “ultrajes a la autoridad” al señalar que había una restricción al derecho a la libertad de expresión.
@emeequis
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