EMEEQUIS.– Tras un proceso de casi tres años, fue declarado culpable Erick Francisco Robledo Rosas de cometer el feminicidio contra Ingrid Escamilla, quien fue violentamente asesinada el 9 de febrero de 2020 en la Ciudad de México.
Después de una audiencia de casi 4 horas, y de ser aplazada en dos ocasiones, este jueves se emitió un fallo en el que el hombre de 46 años fue encontrado culpable de quitarle la vida a la joven de 25 años de edad.
La Fiscalía presentó 43 pruebas para demostrar su culpabilidad, las cuales fueron declaradas suficientes al determinar que Francisco Robledo estuvo consciente al momento de asesinar brutalmente a Ingrid al interior de su casa.
La familia de la joven ha solicitado que al agresor se le imponga la pena máxima fijada por la ley, que es de 70 años de prisión por el delito de feminicidio. Sin embargo, será el próximo 17 de octubre cuando se fije la sanción que deberá cumplir.
La audiencia tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal de la CDMX en el Reclusorio Oriente, en donde se ratificó que, por la forma en que Ingrid Escamilla fue asesinada, Robledo tuvo un trato inhumano contra ella y fue un hecho cometido por razones de género.
Además, como parte del alegato se consideró los antecedentes de violencia que se presentaron durante la relación de pareja de Robledo e Ingrid Escamilla. La hermana gemela de la joven relató las veces en que el agresor mostró conductas violentas.
CASO QUE MOVIÓ LEYES EN PROTECCIÓN DE LAS MUJERES
Tras el feminicidio de la joven de 25 años, las fotografías de sus restos y de la escena del crimen fueron difundidas en redes sociales, hasta ser retomadas sin censura en las portadas de los periódicos de circulación nacional.
La difusión de estas imágenes causó indignación de la comunidad feminista hasta repercutir en la creación de una ley para sancionar la filtración, difusión y publicacación de información o imágenes referentes a una investigación en curso en detrimento de la memoria y dignidad de las víctimas.
Esta normativa fue aprobada por la Cámara de Diputados a inicios de 2022 y contempla penas de hasta 10 años de cárcel para funcionarios públicos y ciudadanos que divulguen información de carpetas de investigación,
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