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Burbuja de élite. Los funcionarios que aún tienen seguros médicos privados

Ni la Ley de Austeridad Republicana ha logrado que los seguros de gastos médicos mayores salgan por completo del gasto público. Seis dependencias dedican mil 600 millones a ese rubro. La principal: Guardia Nacional.

Por Alejandra Crail
21 sep 2020

Guardia Nacional
Miembros de la Guardia Nacional patrullan el centro de la ciudad de Cuernavaca. Foto: Margarito Pérez / Cuartoscuro.com

EMEEQUIS.– Entre ese mar de gastos de la administración pública que el presidente Andrés Manuel López Obrador considera innecesarios, los seguros de gastos médicos mayores se han salvado del recorte en seis dependencias, entre ellas, la que más eroga en este concepto es la Guardia Nacional. 

En lo que va de este 2020, estas dependencias federales contrataron seguros de gastos médicos mayores para miembros de su personal. Esto se traduce en que la administración actual ha gastado casi mil 600 millones de pesos para conservar este beneficio. 

Por cuestiones técnicas, sindicales o de riesgo, aún hay trabajadores del Estado que tienen esta prestación. Contrario a lo que prometió Andrés Manuel en campaña y opuesto a lo que marca la reciente Ley Federal de Austeridad Republicana, este beneficio es innegable para ciertos sectores. 

Está, por ejemplo, el caso de la Guardia Nacional –a cargo del general Luis Rodríguez Bucio–, que en marzo pasado otorgó el contrato más caro en este rubro: mil 388 millones de pesos pagados a la empresa Metlife por un seguro colectivo. 

Un caso similar al de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que comanda Marcelo Ebrard Casaubón. Adquirió seguros de gastos médicos mayores para los prestadores de servicios profesionales independientes contratados en Estados Unidos y Canadá, por los cuales pagó a la empresa de seguros francesa AWP Health & Life SA casi siete millones de dólares (144 millones de pesos mexicanos).

En la lista aparecen también la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)  –cuya titular es la exatleta Ana Gabriela Guevara. También el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que dirige María Elena Álvarez-Buylla Roces, así como el Colegio de la Frontera Norte y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

EL MARCO LEGAL

El 19 de noviembre de 2019 se publicó la Ley Federal de Austeridad Republicana, una normatividad que nació para consolidar la promesa de campaña de AMLO: no más derroche en el servicio público. 

“Eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez”, son los principios que la reciente ley tiene como eje de acción, convirtiendo el término “austeridad republicana” en una especie de principio educador a partir del cual, el gobierno que encabeza AMLO, regula cómo debe ejercer el gasto público todo servidor del Estado que tenga acceso a él. 

A partir de ello, el ahorro se volvió la clave. Desaparecieron áreas completas de las dependencias de gobierno –lo que se tradujo en cientos de personas sin empleo–, se redujo el gasto por equipos e insumos básicos para las y los trabajadores –dejando, incluso, sin computadoras al personal, como ocurrió en la Secretaría de Economía. 

Otras medidas incluyeron la prohibición explícita de la compra o arrendamiento de vehículos de lujo, la remodelación de oficinas y la compra de mobiliario de lujo, el derroche de energía eléctrica, gasolina, agua y servicios de telefonía fija y móvil. 

Y, entre los lineamientos, el artículo 22 marca que “queda prohibido contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna disposición general, condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo”.

Pero esta normativa, por las circunstancias de cada caso, no es fácil de cumplir. 

LA GUARDIA NACIONAL 

El 26 de marzo de 2019, a meses de haber tomado el mando del país, López Obrador envió un decreto por el cual se consolidaba la creación de la Guardia Nacional, como el órgano que debería liderar el combate al crimen organizado en el país. 

Entre críticas, la GN se conformó por miembros pertenecientes a las Secretarías de Marina y Defensa Nacional, que se trasladaron sin previo aviso al nuevo organismo, así como por los miembros de la extinta Policía Federal. Esto supuso para muchos de los miembros el temor de perder los derechos que tenían como parte de las instituciones a las que habían pertenecido y también un reto para la Guardia Nacional, que debería garantizar el acceso a la salud a los miembros cuyas actividades cotidianas suponen un alto riesgo. 

La publicación de la Ley de la Guardia Nacional se vio obligada entonces a contradecir el discurso presidencial y dejó establecido en el artículo quinto (transitorio) el derecho a los miembros de la GN a tener un seguro de gastos médicos mayores, determinado por la Secretaría de Protección Ciudadana y la Secretaría de Hacienda.

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“Los integrantes en activo de la Guardia Nacional contarán con el seguro de gastos médicos mayores que determine la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que garantizará las asignaciones presupuestales para estos efectos”, se lee en dicho apartado.

Todos los exmiembros de Sedena, Semar y Policía Federal que actualmente conforman la GN tienen, a partir de marzo de este año, un seguro de gastos médicos mayores que les garantiza recibir atención médica en hospitales públicos o privados, además de darles la opción de pagar de su propio bolsillo –a un precio más accesible– un seguro similar para sus cónyuges o hijos.

Por medio de una licitación pública, la empresa de seguros Metlife México S.A. resultó la elegida y, por un monto de mil 388 millones de pesos, se comprometió a garantizar el acceso a la salud para los miembros del organismo de seguridad. 

Entre los beneficios están: cobertura de los gastos de hospital –cuartos y alimentos estándar–, costo de cama extra para acompañante, medicamentos y material de curación, honorarios médicos por intervenciones quirúrgicas, consultas médicas, honorarios de ayudantes e instrumentistas y anestesistas –en porcentajes que no superan los 30%. Sala de operaciones, transfusiones, análisis, rayos X, compra o renta de aparatos ortopédicos, pulmones artificiales y marcapasos. Además de transporte en ambulancias –aéreas y terrestres.

Este contrato vence el 31 de diciembre de 2020 y, por las características del organismo, será renovado en los próximos años, a menos que se encuentre otro mecanismo, a un menor costo, que pueda garantizarles el derecho que se estableció en la Ley que le da vida a la Guardia Nacional. 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

La SRE de Marcelo Ebrard tuvo que contratar seguros de gastos médicos mayores para los trabajadores que tiene en Estados Unidos y Canadá. Por segundo año consecutivo, esta dependencia realizó este gasto, que también se escapa de la orden del Ejecutivo. 

Y es que, según explicó Ebrard a finales de 2019, toda persona que labora en el extranjero debe estar cubierto por un seguro, porque fuera del país no tienen ningún otro acceso a seguridad social. 

Según reportó el diario Reforma, en 2019 la SRE pagó 201.7 millones de pesos a la empresa Allianz Care, una compañía especializada en salud internacional. 

Este año, según consultó EMEEQUIS, la dependencia pagó 6 millones 843 mil dólares al proveedor AWP Health & Life, SA, el nombre oficial de Allianz Care, la misma empresa francesa que contrataron el año pasado y que tiene entre sus líneas de negocio, además del mercado de la salud internacional, los de viaje, asistencia y motor.

CONADE

La Conade de Ana Gabriela Guevara tampoco puede ceder ante la austeridad de AMLO. Con cientos de deportistas de alto rendimiento entre sus filas, tiene la obligación de garantizarles recibir atención médica ante cualquier lesión o accidente dentro o fuera de sus actividades deportivas. 

Este año pagó 47 millones 746 mil pesos a la empresa La Latinoamericana Seguros SA como parte del programa de seguros para los deportistas, técnicos, entrenadores y cuerpo multidisciplinario que integran la Comisión. 

Accidentes, enfermedades, lesiones deportivas y la indemnización por cualquier causa de muerte o incapacidad total y permanente forman parte de este contrato, así como todos los gastos hospitalarios, medicamentos, análisis, terapias y rehabilitaciones. 

Son derechohabientes todos los deportistas de alto rendimiento, preseleccionados y seleccionados nacionales, así como los entrenadores y todos los alumnos que viven y/o estudian en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, entre otros.

LOS OTROS BURÓCRATAS

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es otra de las dependencias que siguió contratando estos seguros y que incluyó, además, una póliza para las familias de los beneficiarios. En total contempló a los 26 titulares del Consejo que está a cargo de María Elena Álvarez-Buylla y se otorgó el 28 de febrero, el mismo día que se anunció el primer caso de Covid-19 en México. 

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El contrato para el seguro colectivo fue adjudicado a Metlife, la única empresa competidora y fue de 2.1 millones de pesos. Según informó el mismo Consejo, se vieron obligados a realizar la compra de estos seguros para 26 subdirectores y sus familias porque perdieron una demanda contra estos trabajadores sindicalizados y ocupan mandos operativos, de plaza y confianza.

El Colegio de la Frontera Norte también está en este listado. Compró por 2 millones 983 mil pesos un Seguro de Gastos Médicos Mayores a la empresa Grupo Nacional Provincial para empleados académicos sindicalizados, también considera coasegurados con un tope de 30 mil pesos. 

Un caso similar al del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: pagó a Metlife México 3 millones 409 mil pesos para asegurar a su personal.

SE REDUCE EL GASTO PAULATINAMENTE

Si bien la promesa de campaña del actual presidente estaba enfocada en la eliminación de estos seguros, para 2019, el primer año de su administración y previo a la instauración de la Ley de Austeridad Republicana, al menos 13 dependencias realizaron una inversión para adquirir estos productos. 

Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), encontró que, si bien había una reducción en este gasto respecto a 2018, el último de Enrique Peña Nieto, los seguros de gastos médicos seguían siendo una realidad. 

Entre las dependencias que contrataron esta prestación para su personal resaltan: la Secretaría de Gobernación, de Olga Sánchez Cordero; Educación Pública, de Esteban Moctezuma Barragán, y la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero. Además de los poderes judicial y legislativo, el Conacyt, Economía, Turmo, SRE, Comisión Nacional de Derechos Humanos, e, incluso, la Oficina de la Presidencia de la República. 

En 2018, el presupuesto destinado a la compra de seguros de gastos médicos mayores fue de casi 5 mil millones de pesos, mientras que para el primer año de AMLO bajó hasta mil 168 millones de pesos. Sin embargo, este 2020, por las necesidades principalmente de la Guardia Nacional, el monto creció hasta los mil 600 millones de pesos. 

 

 

@AleCrail

 

 



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