Brayhan, el pederasta que trabajaba en el DIF, podría no ser el único

Brayhan Maximino “N”, trabajaba en el DIF, entrevistaba a menores recién llegados al país y elaboraBA fichas para determinar si era necesario otorgarles medidas de protección, pese a que su trabajo estaba enfocado en proteger a las infancias, también funcionaba como la base de una red de pornografía infantil

Por REDACCIÓN EMEEQUIS

11 / 29 / 24

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El experto en protección de infancias y adolescentes, Juan Martín afirma que este caso no es aislado y evidencia múltiples fallas estructurales en el sistema de protección infantil en México.

Brayhan trabajaba de manera estrecha con niñas, niños y adolescentes atendidos por el DIF Nacional (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias). Al año, se estima que tenía conocimiento de entre 400 y 8,000 casos de menores que llegaban al país, con o sin supervisión de un adulto. Sin embargo, el pasado 19 de noviembre fue arrestado por presuntamente, mantener vínculos con una red de pederastas, donde versiones apuntan a que él apenas y es la base de este delito.

Juan Martín, Coordinador de Tejiendo redes Infancia, explica para EMEEQUIS “El caso del funcionario Brayan Máximo es paradigmático porque pone en evidencia los problemas sistémicos que vive México en relación a la protección de la niñez, pese a que México cuenta con los normativos más avanzados y reconocidos internacionalmente, la vulneración a derechos sigue ocurriendo (…) por la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas”.

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“No hay rendición de cuentas, no hay acceso para la sociedad civil ni para organismos públicos autónomos. Esto se traduce en una cultura de impunidad y corrupción que garantiza protección para los responsables”.

En México “no se verifican antecedentes penales, como en el caso de Brayhan “N” Maximino, quien ya tenía denuncias por crímenes en Estados Unidos. Tampoco se realizan evaluaciones de idoneidad para quienes trabajan con la infancia, algo que también aplica para la Secretaría de Educación Pública (SEP)”, donde diversas asociaciones han denunciado la existencia de redes de explotación sexual en las escuelas.

Además, señaló que “hay una cultura de corrupción en las instituciones que permite proteger a las y los funcionarios”. Este problema no es nuevo: “Si uno busca en cualquier navegador ‘DIF y corrupción’, encontrará muchas notas (…) hay bastantes evidencias de que existe una cultura institucional que respalda y protege a funcionarios corruptos”.

Brayhan Maximino “N” trabajó hasta su detención en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en una instalación estratégica del gobierno federal vinculada a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, según informó Milenio. En su puesto, tenía acceso a información sensible de menores que llegaban al país, como nombres, fechas de nacimiento, direcciones y características físicas, aprovechando su vulnerabilidad se cree que pudo llevar a las víctimas a refugios específicos o casas particulares.

Actualmente, las autoridades investigan si su posición le permitió establecer contacto con algunas víctimas, aunque el caso sigue en proceso de judicialización y no se han descartado más implicaciones.

En este contexto, los menores bajo resguardo o en contacto con el DIF enfrentan un grave obstáculo: “La institución no cuenta con mecanismos de denuncia efectivos que realmente garanticen protección, lo que limita o impide que ellos mismos puedan presentar quejas o denuncias”, menciona el especialista.

Óscar Balderas, en su texto publicado en Milenio, Brayhan Maximino ‘N’, pederasta que entrevistaba a niños para el DIF Nacional, cita a una fuente anónima, quien menciona:

Brayhan tenía “la capacidad de influir en la decisión de llevar un menor de edad a un albergue del DIF o de alguna asociación civil con la que el gobierno tiene convenio. Y desde ahí puede tener acceso a esa niña o niño argumentando que es personal de la Procuraduría federal que debe darle seguimiento al caso. En esa circunstancia, pueden pasar miles de cosas y eso es sólo suponiendo que se siguió el procedimiento adecuado”.

“Si la persona que hoy está detenida hizo algún procedimiento ilegal, pudo dirigir a una niña o niño no acompañado a un refugio que no está autorizado o, peor, a una casa particular y ahí el contacto se eleva a un nivel muy peligroso”.

Añade que, los superiores de Maximino “N”: Jorge Fernando Salcedo Flores y Dulce María Mejía Cortés podrían estar involucrados, además de que ya cuentan con denuncias previas por casos de corrupción, extorsión y encubrimiento.

“Como trabajador de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Brayhan Maximino N. tenía una obligación ética y profesional de proteger a menores, no de vulnerarlos. Y está claro que él no se mandaba solo. Su posición podría haberle permitido acceso a información sensible, lo que será investigado.

La implicación de un empleado de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) afecta gravemente la confianza pública en la institución, cuestiona los procesos de contratación y pone en duda la capacidad para proteger a la niñez. ¿En manos de quiénes estamos?” menciona la fuente de Oscar Balderas.

Por último, Juan Martín destacó que, mientras no se mejoren los procesos de selección y supervisión del personal ni se implementen mecanismos independientes de monitoreo, así como canales seguros, incluso anónimos, para que niñas y niños puedan denunciar sin miedo a coacciones, será difícil que sus denuncias prosperen. Subrayó la necesidad de cumplir con los estándares internacionales que el Estado mexicano ya está obligado a acatar y de tomar acciones legales y administrativas para desmantelar las redes de corrupción.

Asimismo, señaló que el Sistema DIF requiere una reestructuración profunda, basada en la normatividad vigente y con la participación activa de niñas, niños y adolescentes, así como de organizaciones y organismos internacionales que han trabajado durante décadas en la defensa de sus derechos. Según Martín, México necesita con urgencia un sistema de protección infantil que esté a la altura de las necesidades de la infancia y de las problemáticas que enfrenta el país.

@emeequis