SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– El expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos, lleva a subalternos del jefe político, dueños, accionistas y empresas posiblemente implicadas en lavado de dinero y otros delitos.
De acuerdo con la causa penal 263/2020, la FGR lo acusa de liderar una organización delictiva dedicada a drenar las arcas de la UAEH y llevar millones a cuentas familiares, mediante la triangulación a través de empresas fantasma.
Este 3 de febrero Sosa Castelán consiguió el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria, con lo que abandonó la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, en la que estuvo recluido un año cinco meses.
La ruta del dinero que siguió una investigación iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que incluye el rastreo de cuentas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), muestra que el recurso salía de la Autónoma de Hidalgo a la empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI y cuatro despachos contables que sólo existen en el papel, creados por el prófugo Francisco Natalio Zamudio Isbaile: Contabilidad Automatizada de Hidalgo, Contabilidad Especializada de Hidalgo, Eficiencia en Negocios Asociados y Corporativo Contable de Pachuca.
Posteriormente, eran movilizados a cuentas de 10 personas “íntimamente vinculadas” con el denominado Grupo Universidad, entre las que se encuentran las hermanas Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, también evadidas de la justicia. La Fiscalía encontró que este esquema de sustracción de recursos operó, al menos, entre 2011 y 2018.
De las declaraciones del testigo colaborador de la FGR, Óscar Pacheco Medina –quien aseguró haber sido prestanombres de Sosa Castelán para crear una empresa, Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo– es de donde surgen nuevas rutas de investigación hacia más posibles delitos y nuevos responsables.
Pacheco Medina testificó que él creó esta inmobiliaria el 15 de diciembre de 2001, por instrucción de Gerardo, y que fue financiada con recursos de la UAEH. Por ejemplo, afirmó que dispusieron de 45 millones del erario universitario para comprar un terreno en San Antonio, Ciudad de México, donde construyeron una nave industrial, y cuatro millones más para otro en Teziutlán, Puebla, entre otras sustracciones del patrimonio de la institución educativa.
Inicialmente, el capital con el que fundó la empresa fue de 50 mil pesos, y un total de diez acciones: cinco para el ahora testigo colaborador y cinco para su hija, que después, por orden del también exrector, fueron cedidas a Pacheco Medina, porque ella dejó de pertenecer a esta firma.
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Fue después de esto que Óscar Damián Sosa Castelán, hermano de Gerardo y que contendió a finales del año anterior por la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al gobierno de Hidalgo, se convirtió en el accionista mayoritario de Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo S.A. de C.V., después de, a decir de Pacheco Medina, haber realizado supuestos préstamos por siete millones de pesos.
Por esas aportaciones, Óscar Damián recibió mil 400 acciones de la constructora. El resto se distribuían de la siguiente forma: Adriana del Carmen Cravioto Torres, esposa de Gerardo Sosa, 180 acciones al aportar 950 mil pesos, y Pacheco Medina, con diez.
En la trama de dispersión de recursos que siguió la FGR, Arrendadora Yolo es responsable de transferir 31 millones 305 mil 88 pesos a la empresa de papel Contabilidad del Siglo XXI, la mayor cantidad de los 58.2 millones imputados por lavado.
Sosa Castelán (al centro) encabezó marcha en 2019 para exigir la liberación de los recursos congelados. Foto: Cuartoscuro.com.
LA RUTA DE LOS CONTRATOS
El testigo colaborador también declaró ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda que del dinero de la UAEH salían cheques para un arquitecto, Jesús Bravo Paredes, que eran parte de presuntos contratos amañados en la institución y para proyectos al líder de “La Sosa Nostra” o Grupo Universidad.
Con base en una revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, Bravo obtuvo contratos de la Autónoma de Hidalgo por 262 millones 412 mil 619 pesos, a través de tres empresas, antes y después del periodo en el que Sosa Castelán, detenido el 31 de agosto de 2020 en la Ciudad de México, presuntamente lavó los 58.2 millones.
EMEEQUIS reveló en diciembre pasado que 10 días después de que Gerardo Sosa fue detenido, Promotora Integral Innova S.A. de C.V., empresa del arquitecto Bravo Paredes, recibió un contrato por 37.6 millones de pesos para construir el marco de acceso principal en Ciudad Universitaria Tulancingo.
Entre 2010 y 2013, parte del periodo en el que la FGR imputa las operaciones con recursos de procedencia ilícita y que, según el testigo colaborador, se dispersaba dinero de la UAEH a las cuentas de Jesús Bravo, este arquitecto ganó al menos cinco contratos con Innova por 67 millones 18 mil 452 pesos, de acuerdo con los archivos públicos de la casa de estudios.
En el crecimiento inmobiliario de la institución, estaba este hombre ligado a Sosa. Él construyó los edificios para las licenciaturas en Gastronomía (27 millones 839 mil 61 pesos) y en Comercio Exterior (25 millones 69 mil 175 pesos), ambos en el Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA), con fechas de asignación en septiembre de 2013 y diciembre de 2010, respectivamente.
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También propiedad de Jesús Bravo, Constructora MB del Norte S.A. de C.V., percibió 41 millones 802 mil 238 pesos por construir el Módulo de Residencias Universitarias en el Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP), en Tulancingo, más 766 mil 330 pesos por impermeabilizar el Salón Universitario y ocho millones más por la construcción de la planta transmisora de radio de la UAEH en la Escuela Superior de Actopan, que recibió sin competir, por adjudicación directa. El contrato fue validado por otro de los Sosa Castelán, Saúl Agustín.
Uno de los dos accionistas de Construpam de Hgo S.A de C.V. es Bravo Paredes. Esta firma fue beneficiaria del contrato por 47 millones 999 mil 490 pesos para construir el Módulo II de Residencias Universitarias, en Tulancingo, el 13 de noviembre de 2019, y de otro por 11 millones 298 mil 225 pesos por erigir el marco de acceso y fachada principal de la Ciudad del Conocimiento, el 13 de diciembre de 2017. De nuevo, la firma de Agustín Sosa validó las operaciones.
EL RACIMO DE AMPAROS
Desde la detención del jefe del líder del Grupo Universidad o La Sosa Nostra están prófugos Francisco Natalio Zamudio Isbaile, presunto el operador financiero; su asistente, Anastasia Elizabeth Baños Baños, y las hermanas Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto, acusadas de recibir y ocultar dinero.
A través de amparos, las hermanas Sosa Cravioto y Zamudio Isbaile han intentado desbloquear las cuentas bancarias que congeló la UIF, así como evitar que se cumplan las órdenes de aprehensión en su contra.
Ellos son parte de una andanada de amparos de personajes ligados al jefe político, que buscan evitar detenciones y liberar recursos bloqueados, entre éstos se encuentran Estela Galindo Ortega, directora de Recursos Financieros de la casa de estudios, también con cuentas inhabilitadas por su posible implicación en el caso; Humberto Veras Godoy, exrector; Adolfo Pontigo Loyola, actual rector, y Saúl Agustín Sosa Castelán, quien busca protección ante cualquier orden de aprehensión, citación o presentación.
La empresa Uni Comercializadora S.A. de C.V., que tiene como apoderada legal a Laura Carrasco Martínez, subdirectora de Transferencia de Tecnología en la División de Investigación y Posgrado de la UAEH y esposa de David Villegas Balmori, ambos ligados a Sosa, interpuso un recurso de revisión contra la sentencia que dictó un juez federal para que sus cuentas bancarias se mantuvieran bloqueadas por las investigaciones de la UIF. Igualmente, busca ampararse Promotora Integral Innova S.A. de C.V., constructora del arquitecto Jesús Bravo Paredes.
EL ENTORNO POLÍTICO
Gerardo Sosa Castelán fue liberado –estará en prisión domiciliaria y con brazalete electrónico por su deteriorado estado de salud, según el argumento de sus abogados, ratificado por la FGR, quien pidió el cambio de medida cautelar– en un momento político clave en Hidalgo: está en curso el proceso electoral para renovar la gubernatura.
Desde 2018, previo a la elección presidencial, Sosa se alió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del que mantiene una parte del control en el estado, además de que su grupo se ha posicionado, principalmente, como fuerza política dentro del Poder Legislativo estatal.
Al Grupo Universidad pertenece la alcaldesa de Tepeapulco, Marisol Ortega, exsubdirectora de Relaciones Públicas de la UAEH, quien acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Omar Fayad Meneses a la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en su municipio este 3 de febrero, mismo día de la salida de Sosa del penal del Altiplano.
Marisol Ortega, del grupo de Sosa Castelán, acompañó a AMLO este 3 de febrero en una inauguración del Banco del Bienestar. Foto: Facebook.
También forman parte del grupo las diputadas federales Lidia García Anaya (Pachuca), quien tomó la presidencia del Patronato Universitario –que por estatuto tiene el manejo financiero de la Autónoma del Estado– tras la detención de Gerardo, y María Isabel Alfaro Morales (Tulancingo), exdocente universitaria.
Todas éstas, posiciones por su alianza con Morena.
En el Congreso del estado, donde se ha asentado esta agrupación política, tiene como legisladores a Jesús Osiris Leines Medécigo, exdirector de Educación Media Superior, representante por el distrito de Villas del Álamo y coordinador de la fracción del Partido del Trabajo (PT), donde el Grupo Universidad también tiene control político.
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Por medio de la coalición Juntos Haremos Historia, que integró Morena-PT-Nueva Alianza-PVEM, igualmente consiguió la curul de Elvia Yanet Sierra Vite, exdirectora de Promoción Cultural de la Autónoma, quien llegó por el Partido Verde, pero se integró a la bancada del PT.
Además, por Morena tiene las posiciones de José Antonio Hernández Vera, reelecto por Tulancingo, y Jorge Hernández Arau, que representa al distrito de Apan.
Todos los cargos los consiguió el Grupo Universidad mientras su líder estaba en prisión preventiva.
La alianza con Morena continúa y los Sosa mantienen intacto su poder político.
@axelchl
