SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– El asesinato de Conrado Mendoza Almeda, alcalde de San Miguel Totolapan, Guerrero, es el número 94 de un presidente municipal en el país desde el 2000; mientras que su padre, Juan Mendoza Acosta, se convirtió en el exalcalde 190 en ser ultimado en los últimos 22 años.
Cinco días después, Guillermo Cortés, que había gobernado Teotlalco, Puebla, ocupó el lugar 191 de exalcaldes asesinados.
Expertos consideran que estos ataques podrían incrementar previo a las próximas elecciones de 2023 Y 2024, principalmente en territorios con presencia del crimen organizado y con posibilidades de alternancia partidista, porque implica una renegociación de condiciones por parte de estos grupos, que dominan o pelean las “plazas”.
La disputa entre cárteles de la droga, así como el poder que éstos ejercen en territorios donde la reacción oficial no es suficiente, además de la narcopolítica, son algunos de los móviles de los ataques contra presidentes y expresidentes municipales, que lo mismo han ocurrido en lugares remotos como San Miguel Totolapan, que se encuentra en el corazón de la región conocida como Tierra Caliente, controlada por organizaciones criminales, o urbes donde los poderes legales han sido rebasados por el narcotráfico.
El tamaño de la tragedia es mayor: en los mismos 22 años son 222 ediles, que contemplan los 94 alcaldes, más 100 regidores y 32 síndicos, los asesinados; además, 26 diputados, tanto titulares como suplentes, han sido privados de la vida también de manera violencia. La más reciente, la diputada local de Morelos, Gabriela Marín Sánchez, ultimada a balazos el pasado 6 de octubre.
De acuerdo con Rubén Salazar, director de Etellekt Consultores, “un parteaguas (de los ataques contra ediles) es el inicio de las operaciones de combate a la delincuencia organizada, en específico al narcotráfico (la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, iniciada en 2007), y es en ese momento en el que la tendencia empieza a escalar”.
“De hecho, de los años más problemáticos, quizás, (el mayor) haya sido el año 2010. En ese momento, muchos de estos estados que se convirtieron en el escenario, en el teatro de operaciones de esta estrategia, pues realmente era en donde estaba focalizada la mayor parte de estos ataques o estos atentados en contra de alcaldes, principalmente, pero también de regidores y de síndicos”, explicó el especialista en una entrevista con el Financiero TV con motivo de los asesinatos de Conrado Mendoza y su padre, así como el de la legisladora Gabriela Marín Sánchez.
Estados del norte como Durango, Nuevo León y Tamaulipas, así como Veracruz, fueron los que, de acuerdo con las estadísticas sobre estos crímenes, más padecieron esta problemática; no obstante, con el reacomodo de grupos y la continuidad de política de seguridad de Calderón por parte de sus sucesores, los puntos geográficos que concentraban los ataques se diversificaron.
“El problema se ha ido trasladando a otras regiones del país confirme ha habido un cambio de estrategia en materia de seguridad en los dos sexenios posteriores. En el caso de (Enrique) Peña Nieto, toda esta violencia se mantuvo. Después de un ligero descenso, aumentó muchísimo en los años 2017 y 2018, en pleno proceso electoral federal, y es una violencia que se traslada geográficamente ahora hacia el Pacífico, en estados como Jalisco, Colima, sobre todo Guanajuato, y Puebla también, entidades que tienen una problemática no sólo con el narcotráfico, sino (también) con el robo de combustibles”.
Gabriela Marín Sánchez.
Es en esas mismas regiones donde el problema se encuentra ahora en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó Salazar, quien añadió que la tendencia se mantiene elevada y, desde su perspectiva, podría aumentar en la víspera de los siguientes comicios.
“Pensamos que conforme se acerque el proceso electoral federal de 2023-2024 el riesgo por supuesto aumentará en la medida de que haya también un alta probabilidad de alternancias políticas no solamente a escala federal, por decirlo de alguna forma, sino sobre todo a escala estatal y municipal, porque esto, como bien lo sabemos, lo que provoca es la posibilidad de reacomodos de grupos delictivos que con un partido tenían cierta protección, y con la llegada de nuevos partidos en el poder esos pactos se rompen y se establecen diversas represalias en contra de las nuevas autoridades, o éstas en contra de exalcaldes también”.
Lo anterior, porque los atentados también se dirigen en contra de quienes han dejado el cargo o que continúan con labores de operación política e intentan recuperar el poder. Lo cual, a consideración del analista, se refleja en los 191 asesinatos de expresidentes municipales en los últimos 22 años.
De los 94 alcaldes asesinados desde el 2000, 18 han ocurrido en lo que va del gobierno de López Obrador, periodo en el que también fueron privados de la vida de forma violenta 31 regidores y 11 síndicos, para dar un total de 60 ediles, hasta el momento.
Estos números rebasan los registrados en los sexenios de los panistas Vicente Fox (11) y su sucesor Felipe Calderón (48), pero siguen por debajo de los del priista Enrique Peña Nieto, cuyo gobierno coincide con el lapso más letal contra ediles, con 107 crímenes.
Con base en el recuento de Etellekt Consultores, el estado que concentra la mayor cifra de asesinatos de alcaldes es Oaxaca, con 12, pero el mapeo se extiende a 17 de las 32 entidades del país.
Michoacán, con siete; Veracruz, con seis; Guerrero, con cinco; Guanajuato, Chihuahua y Sonora con tres cada uno siguen en la incidencia de crímenes.
Puebla, Sinaloa, Morelos, Chiapas, Sinaloa y Jalisco con dos también cada uno, y Tamaulipas, Coahuila, Baja California, Aguascalientes e Hidalgo que registran uno en cada demarcación, completan el recuento estadístico.
En cuanto a diputados, 26 han sido asesinados desde el 2000 hasta la fecha: cinco en el sexenio de Vicente Fox Quesada, nueve en el de Felipe Calderón Hinojosa, cuatro en el de Enrique Peña Nieto y ocho en el de Andrés Manuel López Obrador.
Guerrero es la entidad más letal para los legisladores, con siete asesinatos, seguido de Veracruz, con tres, y Jalisco, Estado de México y Colima, con dos.
Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Yucatán, Tamaulipas, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Nuevo León y Morelos registran uno cada uno.
De los 26 diputados, 17 eran congresistas titulares, cinco suplentes y cuatro federales titulares. En este sexenio coincide que fueron asesinadas dos legisladoras, cuando anteriormente los ataques, en cuando a parlamentarios, se habían concentrado en hombres.
Estos territorios, además, tienen la coincidencia del asentamiento y disputa de organizaciones criminales.
EL CASO MENDOZA
Los crímenes contra Conrado Mendoza Almeda, alcalde de San Miguel Totolapan, y su padre, Juan Mendoza Acosta, asesinados el pasado 5 de octubre en dos ataques armados, son, para las autoridades, parte de la disputa entre grupos del crimen organizado, en un territorio en pugna.
El grupo armado, presuntamente, estaría ligado a Los Tequileros, que atacó en Guerrero entre 2015 y 2017, y era conocido por amenazar a alcaldes de la región, hasta que su líder Raybel Jacobo de Almonte, conocido como El Tequilero por su afición a esa bebida, fue asesinado en 2018.
Lo anterior se cree porque minutos después del hecho, Los Tequileros difundieron un video en redes sociales en el que anunciaban su regreso a esa región.
Otra de las líneas de investigación, de acuerdo con el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía, tiene que ver con La Familia Michoacana.
“Ahí hay una disputa con un grupo criminal conocido como La Familia Michoacana, a cuyas cabezas, apodadas El Pez y El Fresa, que son los líderes criminales de esa región, una línea de investigación también los vincula, junto con este grupo Tequileros, como que pueden ser los responsables de este evento”, ahondó.
El ataque contra los Mendoza dejó 20 muertos, entre los que están policías trabajadores del ayuntamiento –donde fue atacado el alcalde–.
Las cifras de ataques dejan como estadística que cada 23 días es atacado un funcionario municipal.
Para el director de Etellekt Consultores, este es un dato muy revelador de que la estrategia de seguridad, no sólo en lo relacionado con los políticos, está dejando severas dudas de su eficacia.
En 2023 se celebrarán comicios en Estado de México y Coahuila, mientras que en 2024 se realizará el relevo presidencial.
@axelchl
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