La CEAV informó a EMEEQUIS que ya inició la ruta de reparación del daño a 26 alumnos del Jardín de Niños Andrés Oscoy, quienes fueron agredidos sexualmente. El registro en el padrón de víctimas permitirá que reciban los 400 millones de pesos que ordenó el juez.
Después de casi una década de buscar justicia, las víctimas y padres de un caso de abuso sexual ocurrido en un Jardín de Niños de Iztapalapa, en la Ciudad de México, están cada vez más cerca de alcanzar la reparación del daño por parte del Estado mexicano, estimada en 400 millones de pesos por un juez.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación, informó a EMEEQUIS que ya inició la ruta de reparación del daño a 26 de las víctimas de abuso sexual ocurrido en el Jardín de Niños Andrés Oscoy, en 2011, en el que se identificó como agresores o cómplices al conserje, la directora del plantel, así como cuatro maestros y trabajadores administrativos.
En este caso, sin precedentes en el país, el gobierno mexicano está obligado a la reparación del daño.
Tras la difusión del reportaje “Abuso Sexual en el Kínder. Ordena juez que gobierno mexicano pague 400 MDP”, publicado por EMEEQUIS en alianza con Sexta W, la titular de la CEAV, Mara Gómez Pérez, instruyó atender con agilidad este caso e iniciar el proceso de actualización en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), para que los afectados puedan recibir la indemnización planteada por un juez.
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La CEAV informó que el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE), órgano de la CEAV, recibió para su revisión los 26 expedientes de los niños reconocidos como víctimas del abuso sexual, para determinar, de acuerdo con su agenda de evaluaciones, la reparación subsidiaria de las víctimas.
Tras el aval de ese comité, las víctimas podrán acceder a los recursos del Fondo de Asistencia, Ayuda y Reparación Integral (FAARI).
“VAMOS A CUMPLIR”, DIJO EL PRESIDENTE
Este martes, en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, se le cuestionó al presidente sobre este caso, que ha desfilado por los escritorios de seis secretarios de Educación Pública (Alonso Lujambio, José Ángel Córdova, Emilio Chuayffet, Aurelio Nuño, Otto Granados y Esteban Moctezuma), sin que las víctimas accedan a la reparación del daño. “Vamos a cumplir con el fallo, en los términos que haya resuelto el Poder Judicial”, dijo el mandatario, quien se comprometió a que el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, acuda pronto a la conferencia para dar pormenores de los avances del asunto.
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Según la CEAV, el número de niños reconocidos como los afectados en la prestación del servicio público se elevó durante la revisión del caso, luego de que en la recomendación 76/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del 29 de noviembre de 2012, a la Secretaría de Educación Pública (SEP), se determinó que inicialmente fueron 15 las víctimas directas (menores de edad). No obstante, en uno de los puntos advierte que debe repararse a las víctimas que “aparezcan”. A la fecha, 26 niños forman parte del expediente.
En los registros de la CEAV se advierte que la SEP dejó de darle seguimiento al expediente, puesto que después de la recomendación de la CNDH en 2012, la siguiente acción se registra hasta el 19 de diciembre de 2018, cuando el director general Adjunto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SEP, Cuauhtémoc Rafael Montero Clavel, remitió a la dirección general de la Asesoría Jurídica Federal, de la CEAV, un oficio en el que solicitó inscribir en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) a las personas afectadas reconocidas en la Recomendación 76/2012, así como el apoyo para su localización. Esto es seis años después.
SE RETOMA EL CONTACTO
El 29 de enero de 2019 se retomó el contacto con las víctimas con el propósito de iniciar los trámites correspondientes para dar cumplimiento a la recomendación.
A través de su representación legal, las familias analizaron la conveniencia del llamado del gobierno mexicano en función de su demanda de reparación solidaria para garantizar la no repetición y la indemnización económica. Mientras tanto, el caso fue turnado en marzo de 2019 a la Dirección de Área Especializada en Materia de Derechos Humanos, adscrita a la Asesoría Jurídica Federal, debido a que se obliga al Estado mexicano a enfrentar estos casos.
El 3 octubre del año pasado, la CEAV volvió a contactar a los familiares de las víctimas para retomar los trámites pendientes. Pero fue hasta el 29 de noviembre cuando las autoridades integraron la lista definitiva de víctimas con inscripción al Registro Nacional de Víctimas y, en consecuencia, se inició el trámite de llenado del formato de solicitud de acceso al Fondo por compensación por violación de derechos humanos. Desde entonces, se han agendado 13 encuentros con los familiares de las víctimas y se ha ofrecido atención psicológica a los afectados.
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Hace seis días se concluyó la entrega de los formatos y otros documentos, como los números de cuentas bancarias para complementar los expedientes. Aunque, como requisito, se establece que se debe acompañar con una evaluación psicológica, la Comisión analiza la posibilidad de atender la petición de los padres de familia para utilizar las evaluaciones realizadas en 2015 y 2016, para evitar la revictimización de los afectados.
Con los 26 expedientes enviados ante el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE), sólo resta que sesione para que autorice el acceso al fondo, con el cual se podrá realizar “la reparación subsidiaria de las víctimas” del jardín de niños.
Este podría ser un momento histórico en México, porque marcaría un precedente en la justicia y en los procesos de reparación por violaciones de derechos humanos.
Funcionarios de la dependencia comentaron que, tras la designación por el Senado de la República el 10 de diciembre, la comisionada Mara Gómez instruyó a los funcionarios a solventar el retraso que encontró en este y otros casos más.
@nuritmc
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