EMEEQUIS.– La decisión de la Suprema Corte de invalidar la prisión preventiva oficiosa para castigar el contrabando, defraudación fiscal y facturación falsa dejó como saldo una grieta visible en la relación que tienen los titulares del Poder Ejecutivo y Judicial.
Este viernes, en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó las declaraciones del ministro presidente Arturo Zaldívar sobre la prisión preventiva oficiosa para esos delitos —es decir, el encarcelamiento en automático mientras se realiza una investigación judicial—, pues las calificó de una medida que afecta desproporcionadamente a los más pobres del país.
“Lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo de verdad, haya dicho que esto no afecta a los pobres, porque a los pobres se les protege, si van a la cárcel los ‘factureros’ y los defraudadores fiscales”, dijo el presidente desde Campeche.
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Los dichos del presidente López Obrador son una respuesta a un video corto que subió el ministro Arturo Zaldívar en su cuenta de Twitter en el cual justificó su voto a favor de invalidar la aplicación –sin excepciones– de la medida cautelar más dura contra quienes son acusados de esos tres delitos financieros.
“La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional. #SCJN”, tuiteó después el ministro presidente.
El intercambio verbal entre los dos amigos tiene como origen una serie de reformas propuestas a principios de año por el gobierno federal para reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de incluir el contrabando, defraudación fiscal y facturación falsa en la lista de delitos “graves” que ameritan a los acusados ser encarcelados, sin alguna otra atenuante, mientras se investiga si son culpables o inocentes.
Así se expresó AMLO de Arturo Zaldívar.
“HAY QUE TOMARNOS EN SERIO LOS DERECHOS HUMANOS”
Los cambios constitucionales provocaron que se interpusiera ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad por parte de senadores de oposición y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya titular, Rosario Piedra Ibarra, es cercana al presidente López Obrador.
El pasado 25 de octubre se votó esa acción de inconstitucionalidad y, con ocho votos a favor, los magistrados determinaron que la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional, dado que viola la presunción de inocencia y priva de la libertad a las personas sin que haya una sentencia judicial.
La mayoría votó por validar únicamente la prisión preventiva justificada, es decir, que la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales deben argumentar, caso por caso, por qué la medida del encarcelamiento sin sentencia es necesaria para garantizar todas las etapas de un juicio.
“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. No se trata de no acatar la Constitución, sino de tomarnos en serio los derechos humanos que son parte del artículo primero”, dijo en esa ocasión el ministro presidente Arturo Zaldívar.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 7 de cada 10 personas que están privadas de la libertad por prisión preventiva oficiosa se dedican al comercio informal o el trabajo artesanal.
El 70% de esa misma población dijo que no tiene días de descanso ni ahorros; y el 60% no terminó la educación básica porque debió trabajar desde adolescente para solventar las carencias económicas de sus hogares.
@emeequis