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El 8 de octubre presentará la estrategia de seguridad. Foto: Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– En el documento “100 Pasos para la Transformación”, Claudia Sheinbaum admite que el crimen organizado “ha arrebatado el control efectivo de ciertas zonas del país y generado auténticas bases sociales, lo que socava la naturaleza misma del Estado y su soberanía”.
Esto va en contra de lo que con frecuencia decía el expresidente López Obrador. El 24 de marzo de 2023 afirmó, enfático, que “no hay ningún lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de la autoridad”, esto en respuesta a declaraciones hechas por el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, quien afirmó que “es justo decir” que algunas zonas del territorio mexicano están controladas por narcotraficantes.
En otras ocasiones afirmó lo mismo y así lo ha hecho desde al menos 2022.
El gobierno de Sheinbaum también reconoce al crimen organizado como “una zona muy oscura de la realidad mexicana”, convertido en “un actor político negativo pero relevante”, por su capacidad de cooptación y sus bases sociales.
Para contrarrestarlo, considera continuar con una estrategia de la administración saliente de Andrés Manuel López Obrador: los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, pues cree que el empleo es un método para evitar el enganchamiento con grupos delictivos.
Sin mencionar el planteamiento de “abrazos no balazos” del mando saliente, el de Sheinbaum expone la necesidad de revertir con las fuerzas armadas y la Guardia Nacional “el proceso que amenaza con transformar regiones del país en auténticas distopías”, aunque hasta ahora no profundiza en ello.
Esta visión sobre el tema de seguridad está incluida en “100 Pasos para la Transformación”, el cual muestra ejes, tópicos y proyectos de gobierno de la primera presidenta en la historia del país.
“El crimen organizado ha llegado al punto en que puede tener la capacidad de conformar verdaderos subsistemas sociales regionales donde se asientan y arraigan valores propios del mundo criminal. Sin proponérselo como uno de sus objetivos, el crimen organizado pudiera estar llevando a una transformación negativa del Estado mexicano mismo porque ya le ha arrebatado el control efectivo de ciertas zonas del país y generado auténticas bases sociales, lo que socava la naturaleza misma del Estado y su soberanía”, reconoce el recién posicionado gobierno, además de que acepta “que la autoridad formal no ha podido impedir la operación y expansión de una economía ilegítima ni evitar de manera efectiva la cooperación sistemática de ciertos servidores públicos con las organizaciones criminales”.
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En este campo, añade, “la 4T deberá someter a revisión los avances en su estrategia de largo plazo para desalentar el reclutamiento de jóvenes como sicarios y revertir con la fuerza armada y la Guardia Nacional el proceso que amenaza con transformar regiones del país en auténticas distopías”.
Las acciones que propone son “continuar implementando el programa para que la juventud siga integrándose al mercado laboral”. Además, expone que “se debe focalizar mucho más el programa en zonas con altos índices de violencia para incorporar a los jóvenes en actividades productivas y reducir la probabilidad de que se incorporen al crimen organizado”.
Mejorar el emparejamiento de los jóvenes con empresas con mayor productividad y contenido tecnológico, así como coordinar mucho más con la Secretaría de Economía para lograr este objetivo, son parte de su propuesta.
El nuevo gobierno afirma que antes no se atendían las causas que generaban la violencia. “Se favorecían estrategias punitivas y represivas. Se hacía uso indiscriminado de la fuerza. Con la 4T existen políticas sociales para restarle su base social al crimen”.
Suma en su discurso que antes “se usaba información para atacar adversarios. La inteligencia se usaba para espionaje político. Con la 4T se usa inteligencia contra el crimen y la información se organiza para no permitir la inmunidad, mediante el fortalecimiento de investigaciones”. Siempre la tesitura del documento es de reconocimiento de las acciones del mandato antecesor, con la afirmación de que fueron efectivas para reducir la violencia y la operación de grupos criminales.
Para la estrategia de seguridad, el gobierno entrante ve necesario fortalecer las capacidades de coordinación e interoperabilidad entre la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC) para la identificación y combate a las finanzas del crimen organizado.
“Se sugiere impulsar la definición y establecimiento de grupos binacionales de trabajo para la atención de determinados fenómenos criminales, para facilitar la cooperación y potenciar las acciones de prevención, contención, investigación y judicialización de las redes responsables de la producción y tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de personas, delitos cibernéticos y/o basados en el uso de la tecnología y otros delitos transnacionales”, expone el plan maestro de “100 pasos para la Transformación”.
Uno de sus planteamientos es que la extorsión debe ser considerada un delito grave y de competencia concurrente; “que exista una estandarización sobre el tipo penal, sus sanciones, las técnicas de investigación, medidas de protección y asistencia a las víctimas, así como una debida distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno para contener este fenómeno criminal”.
“La historia del desarrollo del narcotráfico en nuestro país que ya abarca un siglo y los casos de Colombia, Ecuador y de El Salvador deben de ser analizados como ejemplos de lo que funciona y lo que ha fallado en la lucha contra un crimen organizado cuya penetración en las estructuras legítimas de poder puede alterar de manera muy negativa la naturaleza del Estado mismo y propiciar un desarrollo de prácticas sociales perversas en extremo”, advierte.
En este tenor, el segundo gobierno de extracción morenista insiste en dar mayor fuerza al trabajo iniciado con las escuelas de campo, mediante el nuevo programa “Innovación y asociativismo de pequeños productores en transición agroecológica”, que también debería incorporar a los pequeños productores agropecuarios que egresan de Sembrando Vida.
“El Programa de Innovación y Asociativismo de Pequeños Productores en Transición Agroecológica se orienta a incrementar los ingresos de los pequeños productores campesinos, potenciando su productividad, rentabilidad, y sostenibilidad de sus milpas y parcelas, mediante la innovación, el asociativismo y la agroecología”, menciona.
Asimismo, cita que el programa enfrentará una realidad de fragmentación y baja productividad; uso frecuente de prácticas no sostenibles que dañan el medio ambiente y la calidad del suelo; limitado acceso a conocimientos técnicos y asesoría que complementen sus conocimientos ancestrales y su experiencia como productores.
También afrontará graves dificultades para comercializar sus productos y acceder a mercados sin depender de una densa red de intermediarios; casi nulo acceso al financiamiento, “lo que limita su capacidad de invertir para innovar”; falta de equipamiento acorde a su escala (motocultores, desbrozadoras, drones, etc.); falta de infraestructura básica para la generación de sus propios insumos y para el procesamiento y almacenamiento de productos agrícolas; y un deterioro del tejido social en el campo, acompañado por la penetración del crimen organizado.
Respecto al papel de las fuerzas armadas, el gobierno de Sheinbaum argumenta que históricamente “la izquierda ha desconfiado del ejército y la marina, pues en el viejo régimen se les usó como último recurso para reprimir y eliminar a la oposición que si bien en una primera etapa fue de derecha —cristeros y sinarquistas— a partir de la Guerra Fría fue exclusivamente de izquierda”.
Sin embargo, dice que los nuevos encargos, el aumento de sus recursos y el cambio en la cultura ciudadana requieren una apertura mayor de las fuerzas armadas al escrutinio tanto de las instituciones civiles como de la opinión pública.
“En cualquier caso, el nuevo liderazgo de la 4T va a tener que plantearse la naturaleza de su relación con unas fuerzas armadas y éstas en su relación con la presidencia en su papel no sólo como parte central en el aparato de seguridad interna, sino de constructora y administradora a petición expresa de una presidencia que se encontró con que la burocracia civil disponible, así como las empresas privadas, no estaban a la altura de las tareas demandadas. En cambio, ejército y armada son estructuras con la disciplina, la educación y los efectivos necesarios para responder de manera inmediata al tipo de tareas que el primer gobierno de la 4T les encomendó”.
En este tenor, el segundo mandato de la 4T niega que se trate de una militarización y ve efectividad en las acciones contra la delincuencia organizada de su antecesor.
@axelchl
