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EMEEQUIS.– Mientras Adán Augusto López estaba en el Congreso de Veracruz promoviendo la reforma para mantener a las fuerzas armadas en seguridad hasta 2028, una jueza federal suspendió de forma indefinida la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La suspensión definitiva fue otorgada por la jueza de Guanajuato, Karla María Macías Lovera, a Ángel Castro Gómez, quien es representante de la organización Uniendo Caminos México.
El artículo 21 de la Constitución marca que “la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. (…) Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
En el argumento de la jueza se lee: “Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues sólo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución”.
ADÁN AUGUSTO: QUE NO ES MILITARIZACIÓN
Mientras esto sucedía, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, promovía en el Congreso de Veracruz la reforma aprobada por el Congreso federal que mantiene hasta 2028 a las fuerzas armadas en tareas de seguridad.
Dicha reforma a un artículo transitorio debe ser ratificada por la mitad de congresos estatales más uno (17) para ser promulgada. Recientemente fue votada a favor por el Congreso de la Ciudad de México.
“No es que se esté militarizando al país”, aseguró Adán Augusto en Veracruz.
El titular de Gobernación negó que sea un paso a la militarización: “No es que se esté militarizando al país, por el contrario. Está claramente establecido en nuestra Constitución que el comandante supremo de las fuerzas armadas es un civil, el presidente de la República. Ustedes saben bien que nunca daría la instrucción de reprimir al pueblo”.
Culpó a municipios y estados por fracasar en el manejo de la seguridad. “Reconocer que hemos fallado, que en los municipios y estados no hicimos nuestra tarea y toda la carga la dejamos en la Federación. Antes la Constitución obligaba a estados y municipios a presentar un informe anual de seguridad.
“Ahora contra resultados habrá recursos en un fondo que se está estableciendo con recursos que se han decomisado o congelado a cuentas que provienen de actividades ilícitas”.
CON BASE EN SCJN Y CORTE INTERAMERICANA
La jueza de Guanajuato consideró que la suspensión definitiva debe otorgarse con base a jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Organizaciones de activistas en derechos humanos como Uniendo Caminos México, Unión Cívica 1 país, la firma jurídica AC&AC Asociados y Tojil Eeek han promovido hasta 53 amparos más en contra de dicho ordenamiento.
@emeequis
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