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Abogado de niños agredidos sexualmente recibe con escepticismo compromiso de López Obrador

“Seguimos sin tener nada concreto”, asegura la defensa de las víctimas. “Que ya no se tarden mucho, porque han pasado nueve años”, exige en entrevista con EMEEQUIS.

Por Nurit Martínez Carballo
10 feb 2020

AMLO y Esteban Moctezuma.
El presidente López Obrador instruyó a Esteban Moctezuma a explicar el caso en la mañanera. Foto: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro.com

A pesar del reconocimiento de Andrés Manuel López Obrador del fallo de un juez que obliga a la SEP a resarcir con 400 millones de pesos a víctimas de abuso sexual en un kínder, el abogado defensor, Alberto Muñoz, asegura que todavía “no hay nada concreto”. 

Para la defensa de los 26 niños que sufrieron abuso sexual en un jardín de niños de la capital en 2011, el pronunciamiento del presidente es “liso y diplomático”, un “comentario al aire”, comentó el representante legal de las familias afectadas.

La mañana del 6 de febrero, en Palacio Nacional, el presidente contestó, sobre la investigación de EMEEQUIS y la Sexta W: “Vamos a cumplir con el fallo en los términos en que haya resuelto el Poder Judicial”. Además, se comprometió a que pronto estará el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, para explicar el asunto en la conferencia matutina. 

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Sin embargo, la promesa fue recibida con escepticismo: “No se tiene nada, porque no hay nada concreto. Seguimos sin tener nada concreto. Eso de vamos a revisarlo es lo que dicen (los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña) todo el tiempo”, así se ha hecho en los últimos 9 años, afirma en entrevista el abogado de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI).

“Hasta que no haya un pronunciamiento concreto o incluso una propuesta de plan de restitución”, se podrá decir que hay avances.

EL PRONUNCIAMIENTO ES "MUY ESCUETO"

El abogado dice que presentaron una propuesta de restitución del daño y hasta ahora ninguna autoridad se ha acercado “para decir: ‘podemos ir viendo esto ahorita, esto después’, nada. Pueden verlo todos los años que quieran como ya lo han visto. Nosotros seguiremos impulsando las vías penales”.

Tras el reportaje “Abuso sexual en el kínder. Ordena juez que gobierno mexicano pague 400 mdp” y la respuesta que dio el presidente en la conferencia mañanera del pasado jueves, publicados en EMEEQUIS en colaboración con la Sexta W, el abogado aseguró que el pronunciamiento del presidente “es muy escueto, es dar cumplimiento a lo que ordena el Poder Judicial”

Entonces, primero habrá que esperar a que en este año haya una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) en torno al monto y a la reparación integral, señala el litigante. 

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Que el presidente conociera del caso a partir de la publicación, hace deducir a Muñoz que, otra vez, el gobierno federal no tenía presente la demanda. Y a lo lo mejor, a partir de ahí, “decidirá ponerse al corriente del asunto, pero para mí es algo que no lo tiene presente”.

Tampoco se puede considerar que, ahora sí habrá voluntad política, porque “el ambiente político actual no se presta para considerar que ese tipo de pronunciamientos sea de voluntades políticas. Hay que trabajar”.

Lo que esperaría es que sí hubiera esa voluntad de atender a las familias, pero “no tengo elementos para decir que va a haber algo con ellos. Los elementos son que vamos a tener una respuesta de CEAV, la debemos de tener, porque se empujó por esa vía, hay peticiones y entonces debe haber respuesta; tenemos peticiones en la Corte y debe haber respuesta. Eso es lo que podemos asegurar, ni siquiera sabemos qué tipo de respuesta vaya a ser”.

Un “comentario al aire de ‘vamos a revisarlo’, no me dice nada”, afirma el representante legal de las familias.

TÁCTICAS DILATORIAS

En el documento “Reclamaciones de Indemnización por Responsabilidad Patrimonial del Estado”, elaborado en 2018 por la oficina del secretario en turno de la SEP (Otto Granados Roldán), la dependencia reconoce que “se dictó sentencia condenando al personal docente a la pena privativa de la libertad, así como al pago indemnizatorio de daños a las 23 víctimas del delito de abuso sexual; asimismo, se requirió la responsabilidad de la SEP para el pago de los daños de 17,225.8 miles (17 millones) de pesos por cada víctima, abriéndose el incidente de reparación de daños”. 

Esto representaría un monto cercano a los 400 millones de pesos.

En ese documento, elaborado durante el cambio de gobierno de Enrique Peña Nieto, la SEP quiso evadir esta responsabilidad y emitió una sugerencia a la administración de López Obrador, como parte del Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 2012-2018.

Estableció como estrategia “plantear dentro del incidente de reparación del daño que la SEP no es parte del juicio penal, ya que la vía para reclamar la reparación de daño debe ser administrativa y promover que las víctimas sean dadas de alta en el Registro Nacional de Víctimas que establece la Ley General de Víctimas”, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Sin embargo, la defensa sumó en la causa 466/2017 a dos víctimas más que siguen el proceso 072/2011. Ante la propia CEAV se logró cuantificar a 26 niños víctimas de abuso sexual en ese año en el kínder.

SEIS SENTENCIADOS

Alberto Muñoz dice que la cantidad fijada hasta ahora en el informe de la SEP “es una reproducción de las pruebas periciales de nosotros en el procedimiento, pero la redacción de ese informe no es una cuantificación de ellos, más bien, ese párrafo lo veo como: en este proceso se está pidiendo esta cantidad”.

El fallo del juez a la causa 72/2011, para que el Estado mexicano repare de manera integral a las víctimas, ratificado por el octavo tribunal colegiado, el 30 de mayo de 2018, fue promovido por la defensa para que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se confirme la sentencia de reparación integral. Con ello también se ratificaría el monto que recibirá cada una de las víctimas, o se cuantificará ante los elementos probatorios, “en particular las periciales de proyecto de vida”, que aportó la defensa.

Nueve años después de que seis trabajadores de la SEP abusaron de al menos una treintena de niños durante el ciclo escolar 2010-2011, y que se detuvo y sentenció al conserje, la directora y cuatro empleados más, las familias y la defensa señalan que “no van a quitar el dedo del renglón hasta que no haya una justicia integral y una reparación integral por los hechos por los cuales fueron víctimas”.

Alberto Muñoz agrega, sobre lo dicho por el presidente, que la respuesta hace evidente que el gobierno sigue sin tener a la vista la denuncia y el proceso de demanda para la reparación. 

Es por ello que “(AMLO) le pedirá al secretario de Educación Pública (Esteban Moctezuma) que en una conferencia explique cómo va el asunto, y habrá que ver qué opinión tienen al analizarlo. No sabemos si tienen conocimiento de la magnitud, si tiene conocimiento o no. Por eso yo me esperaría a que haya un pronunciamiento más completo de lo que hay”.

HAY QUE ESPERAR LA RESPUESTA DE LA CORTE

Respecto a la postura de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre las publicaciones de EMEEQUIS (el organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación informó a este medio que ya inició la ruta de reparación del daño a las víctimas), Alberto Muñoz comenta que hasta ahora no ha dicho si habrá reparación integral.

“Una cuestión meramente de prestación de servicios y monetaria no es una reparación integral. Eso abarcaría en todo caso medidas de compensación, de rehabilitación o de restitución, medidas de satisfacción y de no repetición, que eso faltaría todavía por verse”.

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Reconoce que los padres de familia han acudido a llenar los formularios y solicitar el acceso al fondo destinado para la reparación. Aunque muchas de ellas fueron incorporadas por la entonces Procuraduría General de la República al Registro Nacional de Víctimas del Delito y al Registro de Víctimas de Derechos Humanos.

Hay otras víctimas que no fueron ingresadas y ahora están en proceso de llenar estos formularios y solicitar los apoyos dependiendo el caso: algunas requerirán atención psicológica, otras necesitan servicio médico, unas más el acceso al fondo. “Pero todavía no tenemos nada aterrizado, nada concreto, una respuesta concreta que diga ‘le vamos a dar estos servicios’, o ‘le vamos a dar esta cantidad’, no lo hay”.

La apuesta es a la parte jurisdiccional, esperar la respuesta de la Corte y, en dado caso que sea favorable, porque ya hay elementos, habrá que ver cómo ordena la ejecución, en caso de considerar que se necesitan más elementos para cuantificar, meter el siguiente recurso de cuantificación del daño y presentar las pruebas de nueva cuenta, a la mejor actualizarlas o perfeccionarlas. Todo es perfeccionable en los elementos para la cuantificación, explica la defensa.

El principio es que son muchas vidas afectadas y hay pensar en cómo se puede resolver, de diferentes formas y ante cada una de ellas se verá la estrategia a seguir.

Se trata aún de un largo el camino que se debe recorrer, pero la defensa espera que este año se dé el fallo en la SCJN, “que ya no se tarden mucho, porque han pasado nueve años”.

 

@nuritmc

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